La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha planteado este miércoles en el Congreso la necesidad de reformar la ley de extranjería para dar derechos a las víctimas de trata y explotación sexual y también a muchas personas migrantes empleadas sin contrato en el sector de los cuidados.
Montero, que ha comparecido en la Comisión de Igualdad, ha reconocido el debate abierto en torno a la abolición de la prostitución y ha dejado claro que no basta con decir que es una violencia machista: "Hay que dar alternativas".
Tras apuntar que su departamento trabaja en el primer plan de inserción sociolaboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, ha considerado "imperativa" una reforma de la ley de extranjería que permita a estas mujeres acceder a derechos fundamentales como un trabajo, vivienda, salud o educación.
"Espero encontrar un consenso en este Parlamento en el reconocimiento efectivo de los derechos de todas estas mujeres que han estado toda la vida en los márgenes de lo visible y de las políticas públicas. Es el momento de reparar la deuda", ha señalado tras recordar que se estima que entre el 70 y el 80 % de las mujeres que ejercen la prostitución están en situación administrativa irregular.
A su juicio, la reforma de la ley de extranjería es también necesaria para abordar las dificultades que sufren muchas mujeres sin papeles empleadas sin contrato y sin derechos en el sector de los cuidados.
Y ha planteado un tercer objetivo de esa reforma, en el marco de la ley de igualdad de trato que se tramita en el Congreso, para que las personas extranjeras que carezcan de autorización de residencia en España y que hayan sido víctimas de infracciones de discriminación, intolerancia o delitos de odio, queden exentas de responsabilidad administrativa.
Al abordar los 26 meses que restan de legislatura, ha afirmado que la mejor de las noticias será lograr "cinco grandes proyectos de derechos feministas".
Legislar contra todas la violencias machistas, incluida la trata y la explotación sexual; blindar el Pacto de Estado contra la violencia de género, garantizar el derecho al aborto, asegurar los derechos de las personas trans y LGTBI; y reconocer por ley el derecho al cuidado.
"¿Se imaginan, señorías, que van al hospital porque les duele el pecho o respiran con dificultad, pero no hay ni un solo cardiólogo, no hay ni un solo neumólogo que pueda atenderlas? Pues eso lo sufren diariamente numerosas mujeres que desean abortar y que no pueden hacerlo porque se usa de forma perversa el derecho constitucional y legítimo a la objeción de conciencia", ha denunciado Montero al defender la necesidad de reformar la ley del aborto.
Entre sus objetivos, armonizar el derecho a la objeción de conciencia con "el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad", garantizar educación sexual obligatoria en todas las etapas educativas, poner fin a la violencia obstétrica, abordar la salud menstrual, la anticoncepción y el duelo perinatal o reconocer los vientres de alquiler como violencia contra las mujeres.
Sentada junto a la nueva presidenta de la Comisión de Igualdad, la exvicepresidenta Carmen Calvo, con quien se enfrentó en el pasado con motivo de la ley trans, Montero ha confiado en que ese proyecto sea remitido a las Cortes en el primer trimestre de 2022.
