El inspector jefe de la Policía Nacional Manuel Morocho sigue tirando de la manta ante el magistrado del caso Villarejo. En su segunda comparecencia como testigo para explicar las presiones que recibió cuando estuvo al frente del caso Gürtel, Morocho ha precisado que el magistrado al frente de esta trama, Pablo Ruz, temió que también fuera objeto de vigilancia por parte de los miembros de la conocida como policía patriótica. Por ese motivo, según ha indicado, llegó a tener que salir del despacho del magistrado en la Audiencia nacional para hablar en un lugar más seguro.
Así lo confirman a Vozpópuli fuentes presentes en su declaración en la que el inspector, que ahora está destinado en la Sección de Extranjería de Canfranc (Huesca), ha relatado de nuevo las coacciones a las que habría sido sometido en el tiempo en el que estuvo dirigiendo la investigación policial por estos hechos. Según ha relatado, el magistrado Ruz también le trasladó su temor a que estuviera siendo monitorizado, motivo por el cual le llegó a pedir un barrido de aparatos de escucha.
Como ya hiciera el pasado martes, Morocho no solo ha señalado a la cúpula policial que entonces dirigía Eugenio Pino, sino también a Jorge Fernández Díaz. El testigo, que esta misma semana implicó al exministro del Interior en las presiones que recibió para abandonar la investigación, añade ahora que el responsable de este departamento bajo el Gobierno de Mariano Rajoy también estaría detrás del control de los informes que la Policía Judicial elevaba al magistrado al frente de esta investigación penal.
El papel de Olivera
Según ha precisado, en uno de los oficios por la investigación a la trama de Francisco Correa, le obligaron a quitar la frase "el flujo de dinero genera una propensión de favores". Se trató de una orden de José Luis Fernández Gudiña, entonces jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales. Del mismo modo, las presiones también se evidenciaron en la investigación por la reforma de la sede del PP en la calle Génova. Al respecto, ha indicado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 que estuvo un mes entre idas y venidas y que, tras adoptar las modificaciones oportunas, le dijeron que lo había dejado peor.
También ha hecho referencia al exministro del Interior. En lo que respecta a las pesquisas por las supuestas donaciones de empresarios al partido que ahora lidera Pablo Casado, el inspector ha explicado que le instaron a cerrarlas cuanto antes. La instrucción que habría recibido de sus superiores por orden de Fernández Díaz es que hiciera lo antes posible "el informe de las constructoras". Se da la circunstancia de que esta parte de la investigación se reabrió a tenor de las confesiones de Correa en uno de los juicios de la red. Ahora es el magistrado Pedraz quien indaga la correlación entre las donaciones de la caja B con las adjudicaciones que recibieron de obras públicas.
Morocho ha vuelto a referirse al que fuera jefe de la UDEF, José Luis Olivera, a quien el magistrado acaba de imputar en la causa por su presunta implicación en la obstaculización de la investigación. En esta ocasión ha relatado que el mando policial le pidió el teléfono de Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, en plena investigación de la trama Gürtel. De esta forma vuelve a vincular al comisario amigo de José Manuel Villarejo en esta operación en la que se pretendía sustraer a Luis Bárcenas todas las pruebas que tuviera sobre la caja B del PP a la par que apartarle a él de esta investigación.
"Me deja un panorama desolador"
De hecho, el mismo martes relató que se reunió con Olivera en una cafetería en verano de 2013 (coincidiendo con el arranque de la trama Kitchen) y que éste le sugirió una salida digna en embajadas de otros países con un salario de 6.000 euros al mes. "Entendía que si me ofrecían el puesto bien remunerado lo iba a coger porque me tendían la mano", explicó. Sin embargo Morocho declinó la propuesta tal y como figura en los audios de su declaración a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
En su relato de los hechos precisó que ya en el primer informe por la supuesta caja B le conminaron a quitar nombres insistiéndole en que no podía figurar la identidad de ninguno de los responsables políticos implicados supuestamente en el asunto. "Expresamente se citó el de Mariano Rajoy. No quería que apareciera en el cuerpo del informe", apostilló. "¿Eso quién se lo sugiere?", preguntó sorprendido Manuel García Castellón, a lo que Morocho contestó: "Toda la cadena de mando. Desde el comisario general (José García) Losada, (el comisario principal) Manuel Vázquez, o Gudiña". "Me deja un panorama desolador", le replicó el magistrado.
