María Cristina Cañeque de Sola, la mujer del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, otorgó el 18 de febrero de 2013 a sus hijos Alejo, María y Cristina un poder sobre la empresa MS Trading SA "a los solos efectos de gestionar los actos encaminados a la venta de una finca y dos plazas de aparcamiento", en la localidad de Cascais (Portugal), según especifica la investigación realizada por la fiscal de anticorrupción Ana Cuenca.
La mencionada firma, MS Trading España SL, es una de las personas jurídicas que fue objeto de la querella presentada por la Fiscalía anticorrupción, que sostiene que en realidad se trataba de una sociedad "instrumental" utilizada por la trama presuntamente liderada por Alejo Morodo, hijo del exembajador, que se habría aprovechado de los contratos presuntamente irregulares del Gobierno de Hugo Chávez.
Y el papel de esta empresa, que disponía en diciembre de 2015 de un patrimonio neto de 4.065.265 euros, según destaca el ministerio público, es clave en la actividad del clan del exembajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. María Cristina Cañeque de Sola, que según la Fiscalía no llegó a realizar ninguna actividad laboral, fue administradora y titular del 99% del capital social de la firma entre 2009 y 2015.
Asalariada y consejera
En este sentido, la mujer de Morodo ingresó como asalariada de MS Trading España SL 60.000 euros en 2012 y 45.000 euros en 2013. En 2014 percibió de esta misma mercantil otros 30.000 euros, pero en esta ocasión por su cargo de consejera.
También recibieron en febrero de 2013 poderes de representación de MS Trading SL, para la venta de la mencionada finca portuguesa, los gestores Marta González Porro, Jorge González Porro y José Manuel González Porro. Precisamente este último, abogado y asesor fiscal de la familia del exembajador, es el administrador único de la mercantil Scila SA, que ingresó al menos seis transferencias de las empresas de los Morodo por un valor de 24.553 euros en 2016 y 2017.
Según la investigación policial, la empresa Scila SA es una consultora de gestión empresarial, con un capital social de 1.759.500 euros. En su informe, los agentes destacan que algunos medios de comunicación vincularon a González Porro con la compra en 2015 del aeropuerto de Ciudad Real.
"Un proceso polémico"
"Un proceso polémico al declarar el propio José Manuel González Porro que detrás de la mercantil Tzaneen, que él mismo administraba, existía un grupo de inversores chinos. Más tarde se llegó a saber que no existía dicha aportación china y que el propio González Porro mantendría relaciones con Ignacio Barco, uno de los promotores del aeropuerto y con quien compartió en su momento trayectoria profesional en Mapfre", desataca el oficio policial.
González Porro no está imputado en la causa. En este sentido, la Agencia Tributaria asegura que los únicos gastos que la inspección ha considerado deducibles de los declarados por firma Aequitas, de Alejo Morodo, hijo del exembajador, "fueron los pagados por servicios profesionales, han sido los de González Porro y los de Scila SL que, aunque parecen muy elevados, se ha podido comprobar, que se trata de gastos de asesoramiento fiscal, siendo el primero, la persona que presenta las declaraciones de los impuestos, y la segunda, la empresa a la que pertenece el representante en las actuaciones de inspección", concluye un informe de la Agencia Tributaria de abril de 2019, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
