El Gobierno de coalición tiene un nuevo frente abierto: la continuidad de las mutualidades que ofrecen asistencia sanitaria a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo judicial del Estado (Muface, Isfas y Mugeju). Unidas Podemos ha alzado la voz ante el aumento de prima para las aseguradoras privadas que ofrecen sus servicios en Muface, de los que se benefician más de un millón de españoles.
Este aumento de prima alcanza el 10% de ganancias, según fuentes del sector confirman a Vozpópuli, y se enmarca en la negociación de un nuevo convenio entre Muface y las aseguradoras, ya que el anterior llegaba a su fin este año. “Muface no vertebra el Sistema Nacional de Salud como dice la ministra María Jesús Montero. La inclusión del personal funcionario en el sistema público que propone Unidas Podemos pretende que se cumpla la Ley General de Sanidad, por cierto, aprobada en 1986, y con ello mejorar la equidad en la sanidad pública”, manifiestan desde la formación morada.
De momento, el Partido Socialista permanece firme en su decisión de mantener Muface en funcionamiento como hasta ahora, y ha ofrecido un convenio de tres años a las aseguradoras, el más largo de los últimos años. Con este movimiento, la ministra de Hacienda y Función Pública busca dar un mensaje de estabilidad y tranquilidad a los 1,7 millones de usuarios de la mutualidad.
Sin embargo, hubo un tiempo donde este apoyo incondicional a Muface no estaba tan claro en el seno del PSOE. Hace seis años, cuando el Partido Popular gobernaba en España con Mariano Rajoy al frente, la Fundación Alternativas, laboratorio de ideas del PSOE, llevaba a cabo un informe donde solicitaba la eliminación de Muface.
Hay que recordar que del patronato de esta Fundación forman parte conocidas caras de anteriores Ejecutivos socialistas como los exministros Juan Moscoso y Elena Valenciano, o intelectuales afines al PSOE como la filósofa Victoria Camps.
En el informe ‘Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España’ proponía “integrar en un plazo fijado todos los sistemas públicos de protección sanitaria en un sistema único basado en la condición de ciudadanía española, suprimiendo a los efectos sanitarios las Mutualidades de Funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas) y los sistemas de protección que existen para grupos otros profesionales específicos. La integración debe conllevar el traspaso de los fondos públicos con los que se mantienen esos sistemas a un fondo único de financiación sanitaria general”.
Curiosamente, el informe, coordinado por el exsecretario del Consejo Interterritorial del SNS Javier Rey del Castillo, ofrece unos argumentos muy similares a los que a día de hoy esgrime Unidas Podemos. El think tank del PSOE argumentaba que “el mantenimiento treinta años después de la Ley General de Sanidad -mencionada también por Podemos- de sistemas de protección independientes del SNS para determinados colectivos, los más destacados las mutualidades de funcionarios civiles y militares MUFACE, MUGEJU e ISFAS, que son además financiadas de manera independiente y a través de entidades administrativas distintas con presupuestos diferentes a los del SNS, pese a hacerse con cargo a los mismos impuestos generales con lo que se financia éste, constituye por sí mismo una expresión clara de la ruptura de los instrumentos financieros previstos para garantizar la sostenibilidad de la protección sanitaria universal e igualitaria de toda la población”.
De acuerdo con la Fundación Alternativas, “no hay ninguna razón compatible con el ejercicio del derecho universal e igualitario a la asistencia sanitaria que justifique por más tiempo, tampoco por razones financieras, el mantenimiento de esa situación”.
Reacción del PP
El Partido Popular, según ha podido conocer este diario, ha registrado una PNL donde solicita al Gobierno que garantice, modernice e impulse el modelo Muface y que asuma los compromisos que los exministros de Función Pública, Carolina Darias y Miquel Iceta, asumieron con las aseguradoras.
Ofrecen, además, diversos argumentos en favor del mutualismo. Un beneficiario de Muface le cuesta al Estado 883 euros de media al año, mientras que un usuario de la Seguridad Social cuesta de media 1.224 euros, es decir, 341 euros más. Esto se traduce en un ahorro para las arcas públicas de 682 millones de euros anuales.
El PP alerta que acabar con Muface supondría la desaparición de la sanidad privada en provincias donde su actividad se centra en los empleados públicos. Daría lugar a la desaparición de 39.000 empleos de los centros y hospitales privados.
Los argumentos del Gobierno
Ni en el informe del think tank socialista, ni desde Unidas Podemos, presentan un cálculo de las consecuencias económicas o asistenciales de desbaratar Muface. Por tanto, solo nos quedan los datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que afirma que el Estado pagaría 800 millones de euros más si la sanidad pública asume la asistencia de todos los funcionarios.
Si bien es cierto que el informe de Alternativas es bastante directo en cuanto a la supresión de Muface, los socialistas nunca han defendido su desmantelamiento desde que llegaron a Moncloa. La única escisión rebelde del partido al respecto es el PSC. No es de extrañar que al PSOE no le interese electoralmente este debate, pues el 76% de los funcionarios eligen la asistencia sanitaria privada, una atención que no tendrían de desaparecer Muface.
Por ahora, el Gobierno argumenta que la propuesta de eliminar Muface no se trató en la Comisión de Reconstrucción llevada a cabo tras el duro confinamiento de la primera ola. Además, Función Pública asevera que participa en seis proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El futuro de Muface, en peligro
En cualquier caso, el ambiente entre las aseguradoras es pesimista. El acuerdo alcanzado con el Ministerio de María Jesús Montero no ha gustado a las empresas que forman parte del convenio (Adeslas, Asisa y DKV) y creen que el modelo está herido de muerte. Consideran que la prima debe ser superior al 10% y revisarse cada año en función del aumento del IPC sanitario (que se prevé que aumente un 3% en los próximos años) y del gasto sanitario. En cualquier caso, han firmado ‘in extremis’ pues la desaparición de Muface tendría un impacto colateral enorme en la sanidad privada, como ha anticipado la patronal ASPE.
