Las autoridades canarias han expresado este lunes su percepción sobre los datos del 'caso Koldo' y otros heredados desde que hace 14 meses tomó posesión Fernando Clavijo como presidente autonómico tras la época del PSOE canario con Ángel Víctor Torres como líder. Al menos 12,5 millones de euros fueron a parar a contratos a la trama que el PP considera que forma parte de un entramado de financiación presuntamente irregular del PSOE. Este lunes, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, dijo que el Ejecutivo canario ha puesto a disposición de la Justicia "ahora hay que estar centrados en las responsabilidades políticas" y "faltan explicaciones" porque "el nombre de Canarias inmerso" en un caso de corrupción que genera "contradicciones". Cabello agregó que "es muy importante que den explicaciones" sobre los contactos mantenidos por Ángel Víctor Torres y círculo de confianza con Koldo García además de proveedores autonómicos canarios. El pasado mes de marzo el senador del PP Sergio Ramos dijo que el nombramiento del expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres (PSOE) como ministro fue “una gratificación” por haber realizado contratos durante la pandemia de la Covid-19 con la trama de empresas del ‘caso Koldo’.
Koldo García envió mensajes a Torres sobre la compra de los PCR: “Aprieta con los PCR que lo consigues seguro. Queda nada para que los pongan” (21/8/2020) y “Llámame, por favor, tema PCR buenas noticias” (25/8/2020). Ese último día, el 25 de agosto, Ignacio Díaz Tapia, otro de los implicados en el caso, remitía un mensaje de WhatsApp a Torres para presentarle y enviarle un documento PDF con el proyecto de Eurofins Megalab para el control PCR de los pasajeros aéreos. En las semanas siguientes, Díaz Tapia insistió con mensajes al presidente de Canarias, ya diciendo que le contactaba de parte de Koldo García: “Simplemente ponerme a disposición para lo que necesitéis, me dijo Koldo que estuviera pendiente por si necesitabais (literal) algo y lo hago” (27/8/2020) y “Escribo porque me ha dicho K que os contacte para que podamos organizar el tema de PCR” (16/09/2020).
Torres propuso contactar con la empresa de Koldo
Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro, contactó varias veces en 2020 con el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), para conseguir que esta comunidad autónoma comprara test de coronavirus a una de las empresas vinculadas a la trama. Cuando compareció el 10 de junio ante la Comisión de Investigación del Congreso del caso Koldo, Torres alegó que él, como presidente, nunca ordenó contratar con ninguna empresa concreta y negó que hubiera recibido llamadas de Koldo García o del ministro Ábalos. También aseguró que no tenía constancia de conocer a Díaz Tapias, el empresario de los test PCR, y explicó que, aunque podía recibir centenares y miles de llamadas, nunca “para contratar con ninguna empresa".
El comité presidido por Ángel Víctor Torres que gestionó la emergencia sanitaria en Canarias en los meses más duros del estado de alarma por la pandemia de Covid fue el que propuso contar como proveedor de material sanitario con Soluciones de Gestión S.L., la empresa vinculada al ‘caso Koldo’. Es lo que manifestó el 31 de enero de 2022 la entonces directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), Ana María Pérez Afonso, en un informe remitido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) para un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.
En un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del ‘caso Koldo’ ya se apuntaba de que, en Canarias, la decisión de contar con esa empresa había partido del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria, órgano en el que estaban el presidente y el vicepresidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez. De él también formaban parte los consejeros de Sanidad (sucesivamente Teresa Cruz, Julio Pérez y Blas Trujillo), Administraciones Públicas (Julio Pérez) y Transportes (Sebastián Franquis), además del director del SCS (sucesivamente Blanca Méndez, Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínquez).
En su último informe sobre el caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que está convencida de que “Koldo abrió las puertas de un nuevo negocio a (otro de los imputados, Víctor) Aldama y sus socios” en aquellos momentos en los que España salía del primer confinamiento por el covid-19. En este caso, el negocio se tradujo en la adjudicación al laboratorio Eurofins Megalab de tres contratos por un importe total de 5,36 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias en diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, fechas en las que la comunidad autónoma implantó un sistema de control sanitario a los viajeros que llegaban a las islas mediante pruebas PCR de covid-19.
En su informe al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la UCO relata cómo Koldo García, Víctor Aldama y sus socios gestaron ese nuevo negocio de los test, aprovechando la misma red de contactos que ya les había permitido vender mascarillas meses antes a los Gobiernos de Canarias y Baleares, entre otras administraciones. La pieza central de esas gestiones era siempre Koldo García, según la Guardia Civil, que subraya que este solía mencionar con frecuencia a sus interlocutores que “el ministro” estaba al tanto, dando a entender que aquello que pedía o negociaba contaba con el apoyo de José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la parte inicial de la pandemia, hasta su destitución en julio de 2021.
La UCO incluye en su informe varios mensajes de WhatsApp de Koldo García al móvil de Torres (tanto de texto, como de audio) en los que se aprecia como el asesor había mediado para que las empresas de la trama cobraran del Gobierno canario cinco millones de euros que este les adeudaba. No se menciona en el informe a qué corresponde esa deuda, pero en la causa del ‘caso Koldo’ hay constancia documental de que el Gobierno de Canarias adjudicó a la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas tres contratos de suministros a los hospitales públicos de las islas por un valor total de 12 millones de euros.
Siete millones de euros
El más importante de ellos fue el primero, de 6,87 millones de euros, si bien de ese valor se descontaron luego 4,78 millones de euros, porque los hospitales de Canarias detectaron que las mascarillas servidas no eran de la calidad comprometida (FFP2), por lo que al final se le pagaron con una rebaja del 66%, al precio de simples mascarillas quirúrgicas, que también se necesitaban.
El Servicio Canario de Salud dio por bueno ese acuerdo el 3 de noviembre y para proceder al pago de las cantidades pendientes, fijó varias cautelas. Desde agosto, Koldo estuvo hablando con Víctor Aldama del “pago pendiente” del Gobierno de Canarias a Soluciones de Gestión y, según la UCO, fue en ese contexto donde el empresario sugirió al asesor introducirse en el negocio de los test. “En eso está”, le respondió el asesor de Ábalos, sin precisar a quién se refería. En esa misma conversación, García también le explicó a Aldama que Torres le había dicho que quería hablar de ese tema, a lo que el empresario repuso: “Es muy importante y nos debe una grandísima”.
“Ambas alusiones a su intermediación con comunidades autónomas evidencian cómo Koldo trataría de allanar el camino, a través de otros funcionarios públicos, para que la sociedad vinculada a Aldama resultara adjudicataria de contratos para la realización de test de detección del virus”, concluyen los agentes de la UCO. Días después, el 17 de agosto de 2020, Koldo envió un audio a Torres en el que le contaba un proyecto de Megalab para crear “vuelos seguros” con test PCR y ofrecerle entrenarlo en Canarias. “Tiene conocimiento del ministro y me gustaría trasladártelo, porque se podría hacer el primer vuelo seguro, ¿vale? Creo que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que los recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo”, le decía al presidente de Canarias el asesor de Ábalos.
Un FBI para los fondos europeos
La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha publicado la orden por la que se aprueba el plan específico de medidas antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recibe de la Unión Europea. A raíz de la situación de emergencia provocada por la pandemia, la Unión Europea decidió ofrecer una respuesta coordinada y solidaria, dirigida a la reconstrucción de la economía de los países de la UE. De esta forma, en junio de 2020 se puso en marcha el Instrumento Europeo de Recuperación denominado Next Generation EU, que constituye el mayor programa de ayudas directas a los países miembros de su historia, cuyo mecanismo principal es el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).
Es precisamente a estos fondos MMR a los que afecta el nuevo plan, con el objetivo de velar por que la utilización de los fondos se ajuste al derecho aplicable de la Unión, en particular, en lo que se refiere a las cuatro áreas clave del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución. Para Matilde Asián, consejera de Hacienda de Canarias, el plan es un punto de partida de la estrategia de integridad pública que implementa Canarias para posibilitar la puesta en práctica, en todos los niveles del departamento, de actuaciones de mejora continua que le permitan posicionarse a favor de la cultura ética, con tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, como así se recoge en la declaración institucional de la consejera de Hacienda. “Esto redundará en una mejora del control (interno y externo) tanto de los presupuestos públicos, como de los procedentes del presupuesto financiero de la Unión Europea. Este plan supone un acicate a controles anteriores, haciendo especial hincapié en la detección de posibles conflictos de intereses y duplicación de subvenciones en un mismo proyecto”, concluye la consejera.
Este plan tendrá, en principio, un alcance temporal limitado al período de ejecución de los MMR, que podrá prorrogarse para garantizar que, por parte de todos los responsables del control antifraude, se realiza un seguimiento que permita, en su caso, la recuperación y el reintegro de fondos defraudados. El plan se configura como un instrumento de planificación vivo y flexible, en la medida en que se podrá ir modificando conforme puedan dictarse instrucciones, normativa o guías específicas para los planes de medidas antifraude. Además, se revisará anualmente, con el objeto de que cada una de las actuaciones planteadas en la lucha contra el fraude puedan perfeccionarse y se incorporen las medidas necesarias para dar una respuesta rápida y eficaz a los futuros riesgos de fraude y corrupción que puedan surgir.
