La Audiencia Nacional acaba de recibir el resultado de una comisión rogatoria librada a Panamá, desde donde se rastrea el presunto pago de mordidas millonarias por parte de FCC a cambio de adjudicaciones de obra pública. El bautizado como caso Odebrecht incorpora de este modo la información requerida relativa a las cuentas bancarias de la constructora en dicho país, así como de los bienes que serían titularidad de los testaferros implicados en este supuesto caso de corrupción.
Así lo recoge el magistrado al frente de estas pesquisas, Ismael Moreno, en una providencia del pasado 21 de diciembre a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En su documento explica que Panamá ya ha cumplido con la solicitud del juzgado, el cual se interesó también por el movimiento de cuentas de Construcciones Hospitalarias (otro de los entes imputados en este procedimiento penal) y por la remisión de las órdenes de pago por los megaproyectos que FCC se adjudicó en Panamá.
En concreto, la constructora ganó la licitación de dos líneas de metro en la capital junto con la brasileña Odebrecht y la Ciudad de la Salud. En este segundo caso las adjudicatarias fueron 3 filiales de FCC, entre ellas Construcciones Hospitalarias. Aunque Suiza fue el primer país en aportar información sobre las supuestas comisiones repartidas entre los implicados, poco después el foco se puso en Panamá, hasta el punto de que acaba de declarar como imputado por estos hechos en la Audiencia Nacional el expresidente Ricardo Martinelli.
Tras la pista del testaferro
Entre todos los datos requeridos a Panamá se incluye información de la situación procesal de Rodrigo Durán Tacla. Este exabogado de Odebrecht fue considerado como el contable de la empresa que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción internacional. En 2017, la Audiencia Nacional rechazó su extradición a Brasil por su presunta implicación en el escándalo de la petrolera brasileña Petrobras. Los magistrados denegaron su entrega por los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo, al tratarse de un ciudadano español.
Del mismo modo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 también pidió la declaración de uno de los principales imputados en el procedimiento. Se trata de Mauricio Cort. El magistrado que imputó a FCC en octubre de 2019 por delitos de corrupción internacional explicó que el fraude consistió en inflar los precios del metal que se iba a utilizar para la construcción de las líneas de metro y, así, conseguir un excedente que se incluyó en la partida del contrato público. Además, compraron ficticiamente más toneladas de acero de las que necesitaban. En concreto, se apuntó a desembolso inicial de 9,3 millones de dólares que luego la UCO terminó acreditando.
FCC desvió parte de estos fondos a la bautizada como caja B de Odebrecht aunque, en paralelo, Mauricio Cort prestó sus sociedades para canalizar el desvío de fondos. Los investigadores sostienen que actuó en calidad de testaferro de las comisiones obtenidas por los contratos de Ciudad de la Salud en Panamá. "Todas las compañías de Mauricio Cort eran compañías con un perfil instrumental, off shore en su mayoría, que transfirieron los fondos para el pago de dádivas a través de un circuito bancario de ida y vuelta entre las cuentas del BPA (Andorra) y otras en entidades suizas".
Cerco a Martinelli
Los investigadores desvelaron que ninguna de esas cuentas estaba a su nombre sino, a su vez, a otro testaferro de confianza pero el beneficiario, la gestión y los poderes estaban a favor exclusivamente de Mauricio Cort. De hecho, apuntaron que sus firmas recibieron un total de 82 millones de euros por los supuestos sobornos de FCC que acabaron en Andorra y Suiza. Así pues, la Audiencia Nacional avanza para tomarle declaración en calidad de investigado, aunque también pretende contar con los testimonios de una decena de personas a las que Panamá tiene que dar el visto bueno.
Entre ellas se encuentran Francisco Martinelli Patton (abogado, exemabajador y exalto cargo del Ministerio de Obras Públicas durante el Gobierno de Martinelli) y Ricardo Francolini, empresario que acabó postulándose a las primarias del partido panameño Cambio Democrático. Aunque en este caso se trata de citaciones en calidad de testigos, la Policía Judicial, con estos testimonios, busca estrechar el cerco en la figura del expresidente, máxime después del avance de las pesquisas en relación a las propiedades inmobiliarias de su familia en España.
Tal y como avanzó Vozpópuli, la Guardia Civil puso el foco en el desvío por parte de los Martinelli de un total de 6 millones de euros a cuentas de España cuyo origen consideraron sospechoso y en cierto modo ligado al reparto de mordidas que manejó Cort en calidad de principal testaferro del caso. Gran parte de estos fondos, en concreto 4 millones, fueron para la compra de una vivienda de lujo en una de las zonas más exclusivas de Madrid.
Propiedades de lujo
Las alarmas saltaron para los investigadores al acreditar que este inmueble (de 339 metros cuadrados y ubicado en el barrio de los Jerónimos, al lado del Museo del Prado) se adquirió a nombre de la mercantil Desarrollo Inmobiliario Ibérico en 2014. La firma está estrechamente ligada al expresidente panameño y consta acreditado que, un año antes de la compra de la casa abrió dos cuentas en una sucursal de Madrid del portugués Novo Banco. En ellas inyectó 4,3 millones de dólares que luego traspasó a otro fondo.
El origen desconocido de estos millones llevó a los agentes a sospechar que podrían tener relación directa con el reparto de mordidas de FCC en Panamá porque coinciden en tiempo con los hechos y porque cuando el banco portugués tuvo constancia de este movimiento de capitales, remitió una comunicación a la autoridad que supervisa el blanqueo de capitales (Sepblac) para advertir en relación a la partida. A ello se añade, además, las sospechas que levantaron para los agentes el préstamo que Panamá autorizó a Desarrollo Inmobiliario.
Al respecto, la Guardia Civil dijo que lo conveniente para esclarecer el origen de todos estos fondos sería solicitar la información necesaria a Panamá, país que acaba de dar respuesta a la comisión rogatoria librada por la Audiencia Nacional. Martinelli, por su parte, compareció ante el juez por videoconferencia el pasado 17 de diciembre por videoconferencia y negó el cobro de comisión alguna. Del mismo modo, también se desligó del entramado empresarial empleado para el presunto reparto de mordidas del caso Obdebrecht.
