La Fiscalía Anticorrupción junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) se han desplazado este jueves hasta La Haya en busca del rastro de las comisiones ilegales presuntamente percibidas por el pequeño del clan Pujol, Oleguer Pujol, en el marco de la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
En concreto, en cumplimiento de la Comisión Rogatoria cursada por el juez Pedraz a los Países Bajos, se está registrando el grupo ITPS, que creó dos mercantiles vinculadas a Oleguer Pujol: Marway y Ard Choille, según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli. Ambas empresas habrían sido utilizadas por el menor del clan Pujol para introducir en el mercado, de forma opaca al fisco, capitales procedentes de la venta de 1.152 oficinas del Banco Santander.
Con la práctica de estas diligencias, juez, Fiscalía y UDEF persiguen el rastro de 6,2 millones de euros que habrían sido desviados presuntamente por el investigado Oleguer Pujol a través de la empresa pantalla Marway. El objetivo de la presente Comisión Rogatoria es obtener pruebas del destino y el receptor de dicha cuantía millonaria de dinero.
El 'pelotazo' del Santander
Estas diligencias, que se encuentran bajo secreto de sumario, forman parte de las pesquisas destinadas a esclarecer el 'pelotazo inmobiliario' del banco Santander por parte del pequeño de los Pujol por valor de más de 2.000 millones de euros en el año 2007. En concreto, los investigadores sospechan que a través de la compra de las oficinas del banco Santander tres de los hijos del expresidente Jordi Pujol recibieron comisiones desviando a su vez dinero de la operación.
En concreto, los beneficiarios habrían sido Josep Pujol Ferrusola, su hermano Jordi y el propio Oleguer. Asimismo, Anticorrupción sospecha que para el lavado de dinero de esta millonaria operación, el benjamín de los Pujol utilizó una empresa ligada a la trama de corrupción Pretoria, en concreto, la mercantil Ard Choille B. V.
Oleguer Pujol está siendo investigado en la Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública desde octubre del año 2014 sin que, de momento, haya prestado declaración en calidad de imputado ante el juez Pedraz.
