La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes la declaración como imputados de Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y de su socio, Luis Iglesias, en el marco de la causa en la que se investiga por varias operaciones financieras que podrían constituir delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En el informe aportado esta mañana al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el fiscal José Grinda pide también que se archive la causa contra la hija del exministro Eduardo Zaplana, María Zaplana, así como contra Sonia Soms, mujer de Oleguer Pujol, y Antonio Morenés. Respecto del resto de imputados en la causa, el fiscal aboga por que su condición procesal se decida cuando se analice la documentación incautada y se esté a las conclusiones de un informe encargado a Hacienda.
Ocho meses después de que fueran detenidos por estos hechos, la Fiscalía pide ahora que se les cite una vez que se haya analizado documentación obtenida en el registro de sus domicilios y aportado a la causa varios informes de Hacienda y de la Policía. Dos de los documentos de la Agencia Tributaria, se refieren a Pujol, a Iglesias y, la sociedad vinculada a ambos, Drago Capital S.L.: "De una manera más o menos extensa, se pone en comunicación del juzgado que existen elementos de defraudación tributaria que tiene relevancia criminal". Además, en otro escrito del 26 de marzo la delegada especial de la Agencia Tributaria de Madrid asegura que del expediente administrativo de comprobación inspectora relativa a Iglesias "se desprende la posible existencia de cuotas impositivas defraudadas en su impuesto sobre la renta de las personas físicas por importe superior a 120.000 euros", lo que constituiría delito fiscal.
El fiscal también menciona otro informe de Hacienda sobre Drago Capital, una empresa que estaría en el "entramado societario domiciliado fiscalmente en Madrid controlado por Oleguer Pujol y Luis Iglesias" en la que se confirma, según la Agencia Tributaria, "la existencia de posibles ilícitos penales, fiscales y de otra índole".
Por último, el fiscal indica que "la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña remitió el documento del 1 de abril de 2015 en el que se afirma también que 'el señor Oleguer Pujol ha podido incurrir en un presunto delito contra la Hacienda Pública'". Otros informes en los que apoya su petición son tres de adelanto de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional relativos a la documentación que se incautó de sus casas, de fecha 23 de marzo, 20 de mayo y 1 de junio. "De lo anterior se desprende la necesidad de que los denunciados, señores Pujol e Iglesias, deban prestar declaración referida a los hechos", concluye el fiscal anticorrupción.
Gestionaban más de 2.700 millones
Pedraz abrió hace unos meses una investigación contra Oleguer Pujol y su socio Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, y ordenó su detención mientras se procedía al registro de sus domicilios a petición de la Fiscalía. Lo hizo en el procedimiento abierto en virtud de una querella interpuesta por Podemos y Guanyem Barcelona contra la familia Pujol, aunque solo la admitió en lo que se refiere a Oleguer Pujol por posibles delitos de blanqueo y fraude fiscal.
El magistrado indaga en este caso siete operaciones inmobiliarias sospechosas por valor de miles de millones de euros realizadas por sociedades vinculadas al hijo de Jordi Pujol y que usaron dinero de origen aún desconocido. Según los datos facilitados por el propio Oleguer Pujol, en el año 2013 Drago gestionaba 2.730 millones de euros y 1.600 inmuebles en toda España. A través de esta empresa y de sociedades creadas, Oleguer Pujol y sus socios, gestionaron activos como edificios comerciales, terrenos en Melilla, viviendas, centros turísticos y hoteles, 1.152 oficinas del Banco Santander y tres sedes del grupo Prisa.
