El 29 de agosto de 2011, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó un hecho relevante en el que se daba cuenta de que la constructora Sacyr-Vallehermoso, presidida entonces por el murciano Luis del Rivero, anunciaba un acuerdo con la todopoderosa mexicana Pemex, mediante el cual unirían sus fuerzas para controlar el 29,8% del accionariado de Repsol.
Al no llegar al 30% de las acciones, Sacyr y Pemex no necesitaban lanzar una OPA. Y además les permitía disponer de dos puestos más en el consejo de administración de Repsol. Con ello, intentaban hacerse con el control de la petrolera, cuyo presidente era Antonio Brufau, una persona de la máxima confianza de otro de los accionistas, Isidre Fainé, presidente de la Caixa (Caixabank).
El acuerdo con Pemex, firmado por el director de Finanzas de la compañía mexicana, Ignacio Quesada Morales, contó con el apoyo unánime del consejo de administración de Sacyr. Los 19 consejeros de la constructora lo rubricaron, según explican fuentes de la operación a Vozpópuli, que reclaman su anonimato.
Sin embargo, este acuerdo, que otorgaba la mayoría del poder a Sacyr en Repsol, saltó de forma incomprensible por los aires en 50 días. Diez de los 19 consejeros cambiaron de opinión y rechazaron la operación.
El acuerdo que otorgaba la mayoría del poder a Sacyr en Repsol saltó de forma incomprensible por los aires en 50 días
Los fiscales de anticorrupción del caso Tándem y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investigan la actividad del clan policial encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, han abierto una pieza separada de la causa en la que tratan de averiguar si el ex mando policial, al igual que ocurrió durante la OPA de Sacyr contra BBVA en 2004, arruinó la operación de Sacyr y Pemex de forma ilegal.
Fuentes presentes en la operación se muestran convencidas de que Villarejo estuvo detrás del sorprendente boicot, mediante el cual los que los protagonistas del mismo recibieron furibundos ataques en la prensa, en la que se llegó a trasladar la idea de que Repsol dejaría de ser española, para ser controlada por México.
Una interpretación lejana a la realidad, habida cuenta de que la constructora española y la petrolera mexicana contaban con el apoyo de empresarios españoles, que habían apoyado la operación, explican las fuentes consultadas por este diario.
"Hubo de todo"
Sin embargo, en esos 50 días "hubo de todo", recuerdan diferentes fuentes, que se muestran convencidas de que Villarejo y su clan policial mafioso realizaron actividades ilegales similares a las desarrolladas con BBVA, como por ejemplo podrían ser los pinchazos telefónicos, con la finalidad de obtener información privilegiada y abortar el acuerdo.
De confirmarse la actuación delictiva del clan policial, y también de las personas que les contrataron, que tendrían que ser directivos de Repsol y de Caixabank, esta operativa se habría realizado en contra de los intereses de los accionistas de Sacyr.
Alguno de los diez consejeros de Sacyr que cambiaron de opinión, en contra de los intereses de la propia constructora, podrían haber sucumbido a intereses cruzados. Y las fuentes consultadas recuerdan que Demetrio Carceller Arce era propietario de la petrolera canaria Disa; al igual que otros consejeros que representaban a las cajas de ahorros.
Carceller, condenado
Demetrio Carceller Arce fue condenado en 2016 por fraude a menos de un año de cárcel y a pagar 90 millones de euros tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, pese a que al inicio del juicio reclamaba 48 años de cárcel para el patriarca, Demetrio Carceller Coll, y 14 para el hijo. El ministerio público les consideraba autores de 13 y cuatro delitos de fraude fiscal, respectivamente. Ninguno de los dos entró en prisión.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el fraude lo cometió "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de hacerse pasar como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".
