La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandri, instructora de la denominada operación Grizzly, detalla en un auto cómo los amaños en las certificaciones de obra de tres adjudicaciones de la línea del AVE a su paso por Barcelona se llevaron a cabo gracias a que "los empleados públicos y privados, que tenían a su cargo la recta ejecución de la obra pública de la alta velocidad de las contratas a las que se refiere la presente querella se habrían concertado con los representantes de los contratistas privados para beneficiar económicamente, de forma sistemática y pertinaz, a las empresas adjudicatarias con notabilísimo perjuicio a las arcas públicas". En la resolución, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la instructora relata el organigrama con los distintos grados de participación de la veintena de implicados en esta causa de la corrupción.
En primer lugar, los sobrecostes en los accesos a la Estación de La Sagrera, de la estructura de la misma y en el tramo La Sagrera- Nudo la Trinidad -cifrados por tres auditorías externas en 104 millones- fueron posibles gracias al papel desempeñado por los directores de obra de la empresa Adif Alta Velocidad. Según relata la juez Aixandri estos "desarrollaban la principal conducta ilícita, por ser los facultativos que por cuenta de la Administración contratante se encargan sobre el terreno de comprobar y vigilar la correcta realización de la obra contratada y, como tales, tienen legalmente atribuida la potestad de generar las relaciones valoradas al origen y expedir las certificaciones de obra fundamentadas en ellas".
En general, los directores de obra eran técnicos de Adif "sin cuya iniciativa y firma las certificaciones mendaces nunca podrían haberse emitido, siendo por tanto los autorizantes directos del acto administrativo de certificación y los responsables directos de la expedición de los documentos oficiales que contienen datos conscientemente mendaces".
Cada directivo tenía un rol
De la misma forma, la magistrada de Barcelona explica que los directores de contrato asumieron en determinados periodos "sin que conste el motivo" la firma de las certificaciones de obra en lugar de hacerlo el director de obra. Según consta en las pesquisas, estos papeles delictivos lo desempeñaron presuntamente los investigados Adriano Javier Romero, Carlos Javier Martínez, Ignacio Castro, Alejandro López, José Luis Monjarás y Juan Carlos Rodríguez.
Por otro lado, en un plano inferior se encontraban los jefes de las Unidades de Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de las obras (ACO). Se trata de técnicos de empresas privadas contratadas a tal fin por Adif y que deben ser distintas de las empresas contratistas de la obra que deben controlar. "Su función consiste precisamente en prestar asistencia técnica sobre el terreno a los directores de obra a fin de garantizar la corrección de la misma", explica la juez de Barcelona.
La juez sostiene que "todo apunta que eran los directores de obra quienes fijaban la cifra que debía ser alcanzada en relación con la obra valorada"
El auto detalla cómo los respectivos jefes ACO –los imputados Gabriel Olvera, Carlos Puig de Morales, Francisco Javier Marco e Isaac Calvo Morales- "no sólo dejaron de poner reparos a los excesos de medición sino que activamente determinaron que los mismos prosperaran, pues firmaron la relación valorada de trabajos como efectivamente realizados".
La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de la ciudad condal sostiene además que "todo apunta que eran los directores de obra quienes fijaban la cifra que debía ser alcanzada en relación con la obra valorada y para ellos los jefes ACO incluían en la relación las mediciones necesarias para alcanzar dicha cifra, distribuyéndolas en partidas de la obra que estuvieran en ejecución y que por su entidad pudieran 'absorber' dicho exceso".
Los máximos responsables de Adif
En la cúspide de este organigrama estaban los directivos de Adif, quienes en sus cargos como directores de contrato, jefe de área de Cataluña, gerente de infraestructuras, director de la línea o director de construcción, "eran los que de una forma u otra debían validar las certificaciones de obra expedida por los directores de obra, haciéndolas aptas para ser pagadas". Dichos superiores jerárquicos de los directores de obra son Rafael Rodríguez (director de Infraestructura y luego director de las Líneas de Alta Velocidad del Noreste) y Mauro Bravo (director de contrato en alguna obra y jefe de infraestructuras en Cataluña).
Sin embargo, la juez explica que este engranaje no se entendería sin "la iniciativa y el impulso de los responsables de la obra en representación de las empresas contratistas, pues el sobrecoste generado en perjuicio del erario público no tenía otra finalidad que beneficiar económicamente a dichas mercantiles". La instructora, junto con la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que esto "explicaría las posibles dádivas que pudieran haber satisfecho a los funcionarios públicos que podían hacer viable dicho sobrecoste". Este rol lo desempeñaron Jaime Vega (Acciona); Manuel Rivaya, Albert Pérez y José Miguel González (Dragados); y, Óscar Santos, Daniel Carmona y Gonzalo Pérez (Fomento Construcciones y Contratas - FCC).
En la operación Grizzly se investiga a una veintena de personas por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento oficial y prevaricación. Según informan fuentes jurídicas, en este momento la instrucción está centrada en detectar los cohechos o sobornos que presuntamente habrían recibido los principales implicados a cambio de inflar los precios de los tres expedientes investigados del AVE a su paso por Barcelona.
