El registro realizado el 19 de abril por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de uno de los despachos del exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, considerado la mano derecha del presunto cabecilla de la organización criminal Lezo, Ignacio González, aporta datos sobre el seguimiento que los integrantes de la trama realizaron sobre la supuesta responsabilidad del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la ruinosa compra de la empresa colombiana Inassa por parte de la empresa pública madrileña del agua.
En concreto, en el despacho de Ildefonso de Miguel en la Calle de Burgohondo (Madrid), la UCO descubrió "notas manuscritas conteniendo un organigrama que se encabeza con el nombre Gallardón y Cobo", en referencia a Manuel Cobo, mano derecha del anterior, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los agentes detectaron que el considerado por los investigadores como presunto testaferro de Ignacio González guardaba también en una carpeta otros tres organigramas del Canal de Isabel II y una relación de facturas con el consejero José Manuel Serra Peris, y con la empresa Rodriguez Sobrino abogados SL.
Pero los indicios de que la trama de González tenía conocimiento de la presunta actuación irregular aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2001, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, es que en el mismo despacho de Ildefonso de Miguel la UCO encontró "un cuaderno de espiral" que contenía un informe de Cuatrecasas titulado: "Análisis de la Inversión efectuada por el Canal de Isabel II en Inassa. Junio de 2004. Privado y confidencial".
"Esta gilipollas"
Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, González aseguró en una conversación grabada por la UCO al exministro Eduardo Zaplana que había llegado a un acuerdo con Gallardón: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido [Cristina Cifuentes], yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".
En este sentido, el ministerio público destaca que la trama tuviera ese informe, y no hubiera denunciado los hechos: "Hasta tal punto conocía la operación, que ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio Ignacio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido. No obstante Ignacio González, lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid", destaca la Fiscalía Anticorrupción, en un informe de 28 de noviembre de 2016.
Los fiscales consideran que esta forma de actuar de González se debe "a la connivencia que tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición, siendo el propio González quien sitúa al frente de ellos a Alberto Ruiz Gallardón y a "su gente". Esta connivencia podría reportar a Ignacio González beneficios económicos o políticos", concluyen.
Reunión con González y Cerezo
Otro documento de la UCO en el que se da cuenta de los seguimientos realizados a Ignacio González especifica que los agentes que estaban a cargo del control de las actividades de González pudieron identificar el 19 de abril a Ruiz-Gallardón y al presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo salir del despacho del propio González.
Según la Guardia Civil, que considera que los integrantes de la trama pudieron percibir un beneficio ilícito en esta operación de hasta 66 millones de euros, Ignacio González tuvo conocimiento desde 2003 de la compra presuntamente irregular de la empresa colombiana, cuando pasó a ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
González compaginó el cargo de número dos de Esperanza Aguirre con la presidencia del ente público Canal Isabel II desde el 27 de noviembre de 20031 hasta el 26 de septiembre de 2012, por lo que estaba al corriente de la operación.
La UCO considera que tanto González como el arrepentido Edmundo Rodríguez Sobrino tuvieron un "conocimiento total de la operación fraudulenta, que ocultaron, y permitieron el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012", según especifica la Fiscalía Anticorrupción, que podría reclamar en los próximos días la imputación del Ruiz-Gallardón.
Ignacio González explica al exministro Eduardo Zaplana que Ruiz-Gallardón tuvo el control de la "adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".
Y para demostrar que la trama conocía el origen irregular de la compra de Inassa, promovida presuntamente por Ruiz-Gallardón, el ministerio público alude a una de las conversaciones grabadas por la UCO por orden del anterior juez responsable de la investigación, Eloy Velasco, en la que Ignacio González explica al exministro Eduardo Zaplana que Ruiz-Gallardón tuvo el control de la "adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", completa la Fiscalía.
El ministerio público considera que las conversaciones grabadas en las diligencias previas confirman "la presunta connivencia de todos los intervinientes. En cuanto a los datos objetivos de la operación de adquisición destaca poderosamente que Ignacio González conociera en detalle que se interpuso una sociedad panameña, que se pidió un crédito que avaló Canal Isabel II, que se compró por 100 millones de dólares una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares", explica el ministerio público en su informa.
