El ideario con que Podemos, un partido con apenas seis meses de vida, concurrió a las pasadas elecciones europeas va siendo perfilado. El programa que presentó la lista de Pablo Iglesias al 25-M abogaba por un nuevo ordenamiento jurídico que contemple "los referéndums vinculantes y las Iniciativas Legislativas populares (ILP) como pieza clave de participación democrática".
Así, entre sus propuestas para la cita europea, Podemos instaba a una "reforma de la Constitución española para garantizar la celebración de referéndums en dichos casos y la retirada de medidas que hayan sido aprobadas sin contar con participación popular democrática". Esta apuesta, redactada entonces en un sentido genérico, ha sido ahora concretada por el eurodiputado de Podemos Carlos Jiménez Villarejo en un encuentro online con simpatizantes de su partido.
Preguntado sobre el desarrollo del referéndum como "instrumento de control ciudadano" sobre las decisiones políticas a nivel nacional, regional y local, el exfiscal anticorrupción abogó por avanzar hacia un modelo similar al italiano. "Sería necesario introducir como forma de democracia participativa, como por ejemplo hay en Italia, un amplio abanico de referéndums sobre cuestiones políticas esenciales para conocer directamente la opinión de los ciudadanos", manifestó Jiménez Villarejo.
A su juicio, "realmente tenemos una democracia escasamente representativa, nada participativa y muy elitista, como lo acredita los 10.000 ciudadanos con cargo público que están aforados ante un tribunal especial". Con estas palabras en el espacio virtual Plaza Podemos, Villarejo, que dejará el escaño en la Eurocámara tras presentar su Directiva Anticorrupción, se refirió fundamentalmente al referéndum derogatorio italiano.
"Realmente tenemos una democracia escasamente representativa, nada participativa y muy elitista", sostiene el exfiscal Jiménez Villarejo
El camino para plasmar este instrumento en un texto legal de la legislación española implicaría una reforma de la Constitución. En este sentido, Villarejo afirmó que la Carta Magna "necesita una reforma amplia y urgente". El exfiscal anticorrupción señaló que si bien el artículo 23 de la Constitución "ya se refiere a la participación de los ciudadanos en la vida pública, los dos grandes partidos PP y PSOE han incumplido ese mandato". En concreto, el precepto 23.1 establece que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
El modelo italiano de consultas populares al que alude Villarejo es más flexible que el contemplado por la legislación española, donde existen tanto el referéndum consultivo -no vinculante- sobre "decisiones políticas de especial trascendencia" (sólo se han celebrado cuatro en democracia) como las Iniciativas Legislativas Populares (en 30 años sólo ha prosperado una de 90, la incluida en la Reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal en 1999).
El elevado número de firmas necesarias (500.000), su veto para materias reguladas en leyes orgánicas y la potestad de la Mesa de Congreso para tumbarla, por ejemplo, por defecto de forma o su similitud a otras iniciativas son los principales obstáculos con que se encuentran sus promotores. Además, el Pleno de la Cámara tiene que votar, primero, sobre la tramitación de la ILP y, después, sobre el texto legislativo posterior en que vaya subsumida esa ILP en cuestión.
Desde 1974 se han celebrado en Italia más de 60 referéndums 'derogatorios', mientras que la democracia española sólo suma cuatro consultas sobre "decisiones trascendentales"
En el caso italiano existe la posibilidad del referéndum para derogar leyes ordinarias y éste sí tiene carácter vinculante. Este referéndum derogatorio también incluye límites como el respaldo de 500.000 electores o cinco consejos regionales o el filtro de la Corte Constitucional, que velará por que la consulta no trate sobre cuestiones excluidas (leyes tributarias y de presupuesto, de amnistía y de indulto y de autorización para ratificar tratados internacionales). Además, para que la votación sea considerada válida se requiere una participación mínima del 50% del electorado.
Pese a todo ello, el sistema político italiano ha sido en este campo mucho más permeable que el español a la participación ciudadana. Desde 1974 se han celebrado en Italia más de 60 referéndums derogatorios. La privatización del agua, la producción de energía nuclear o la inmunidad del exprimer ministro, Silvio Berlusconi, ha sido asuntos revocados mediante esta vía, mientras que, por ejemplo, la ley de reproducción asistida sólo para parejas salió indemne de la consulta ciudadana debido a la alta abstención.
