El 27 de octubre de 2014, cinco agentes de la Guardia Civil y un secretario judicial encontraron un tesoro de gran valor en el registro de la vivienda unifamiliar del que fue mano derecha de Esperanza Aguirre, ex secretario general del PP de Madrid y cerebro de la trama Púnica, Francisco Granados. Un cuaderno de color negro con cientos de anotaciones manuscritas que les permitió ir tirando del hilo hasta desentrañar en qué consistía la financiación irregular de la formación conservadora. Según la Fiscalía Anticorrupción, rozaría los cinco millones de euros entre 2007, 2008 y 2011.
A lo largo de 124 páginas, Granados reflejaba con todo detalle las operaciones que ponen de manifiesto el funcionamiento de una trama de cuya investigación se ha hecho cargo hasta ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. En sus notas, el exconsejero madrileño dejaba constancia de todos los movimientos de dinero que realizaban entre los miembros de la trama. Y lo hacía de forma minuciosa, mediante columnas de entrada y salida (IN-OUT).
Estas anotaciones, dicen los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe incorporado al sumario del caso Púnica al que ha tenido acceso Vozpópuli, "presuntamente obedecen a contraprestaciones realizadas por las empresas a cambio de la adjudicación de obras desde distintas consejerías de la Comunidad de Madrid". Allí constan además, explican los agentes, "entregas de dinero con destino al Partido Popular regional, concretamente a Beltrán Gutiérrez, gerente del partido".
Sortear a la Cámara de Cuentas
Dos años después del registro del chalet de Granados, el juez Velasco dio el visto bueno a la entrada en el domicilio del otro cargo del PP investigado. En base a la documentación y los dispositivos electrónicos incautados en la casa de Gutiérrez, pudieron corroborar la contabilidad 'b' empleada para sufragar los gastos de diferentes campañas electorales del PP. La formación superó los límites de gasto establecidos por ley, los abonó fuera del plazo marcado y los sufragó mediante fundaciones afines al PP "con el objeto de evitar el control de la Cámara de Cuentas".
Meses más tarde, los agentes solicitaron documentación relativa a Fundescam (una fundación del propio partido con sede en Génova 13) y sobre los expedientes de las subvenciones otorgadas a dicha organización. Pero Beltrán Gutiérrez no es el único sobre el que los investigadores fijaron su mirada. Otro informe de la UCO que obra en el sumario apuntaba directamente hacia el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ahora se encuentra en prisión por el caso Lezo.
Fundescam usaba las subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid para "abonar gastos electorales aportando facturación falseada"
Según las pesquisas de la Guardia Civil, el sucesor de Aguirre al frente de la CAM firmó una subvención de 195.700 euros a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid) durante su etapa como vicepresidente de la Comunidad. A su vez, era patrono de dicha fundación y director de la campaña del PP de Madrid para las elecciones de 2007. Mediante dicho órgano, lograron canalizar los fondos públicos para financiar incluso la campaña electoral de las elecciones generales de 2008.
Operaciones ficticias
Fundescam usaba las subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid para "abonar gastos electorales aportando facturación falseada, enmascarando los conceptos realmente facturados en la campaña electoral por otros que pudieran tener un encaje con la finalidad de la subvención y de la fundación", explican los investigadores en otro de los informes aportados a la causa. A partir de la documentación que pidieron sobre esta organización, los agentes descubrieron numerosas irregularidades entre las que destacan unos cursos de formación sobre edición digital de vídeos por importe de 346.706 euros "que no se habrían realizado", según sostienen los funcionarios.
La investigación de la financiación irregular del PP en Madrid tiene numerosas derivas. Entre los quince tomos de esta pieza separada, hay informes en los que los agentes ponen su lupa sobre la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid entre los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, perteneciente al empresario Arturo Fernández. Asimismo, los agentes de la UCO implican en sus informes a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dado que por aquella época ella presidía la mesa de Contratación. Sin embargo, el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción no han encontrado pruebas suficientes para proceder contra ella.
Los agentes implican a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero ni el juez ni la Fiscalía ven pruebas para procesarla
Pero además de los cargos públicos implicados, las anotaciones de la libreta de Granados condujeron a los investigadores hasta el yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir. Los miembros de la UCO comprobaron que las mayores aportaciones de dinero reflejadas en la agenda (en total 1,6 millones de euros) provenían de alguien con iniciales JLM, correspondientes a Javier López Madrid, que formaba parte del consejo de administración de la constructora OHL. Tras diversas comprobaciones, los investigadores descubrieron varias adjudicaciones de obra pública en ámbitos como las infraestructuras hospitalarias o en el transporte. En total, de los 2,1 millones que están reflejados como entradas de dinero en la agenda, López Madrid y él se repartieron medio millón de euros.
Ahora, la investigación se encuentra ante un punto y seguido. El encargado de llevarla a cabo durante estos tres años dejará la instrucción de esta macrocausa de corrupción en menos de dos semanas para ocupar un puesto en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Pero antes de pasar a su nuevo destino, el magistrado ha decretado una fianza de 400.000 euros en metálico para que Francisco Granados pueda salir de la cárcel de Estremera, donde lleva dos años y siete meses en prisión provisional. El juez considera que ha disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
