El Gobierno vasco ha cerrado el año 2023 con la aprobación de un total de 61 progresiones al tercer grado para presos de ETA, diez de ellos repetidos tras ser revocados por la Justicia con anterioridad, desde que asumió la competencia en política penitenciaria en octubre de 2021. El Ejecutivo autonómico suma en poco más de dos años -desde octubre de 2021, cuando asumió la competencia en materia penitenciaria- 34 progresiones más que las aprobadas por el Gobierno central en tres años y medio, antes de transferir la competencia y poner fin a la dispersión de presos de la banda terrorista.

Según el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), consultado por Europa Press, entre los últimos progresados se encuentra Xabier Atristain Gorosabel, a quien se aplica la propuesta de tercer grado por tercera vez. También figuran Aitor García Aliaga e Iker Olabarrieta Colorado. El tercer grado de Xabier Atristain ya fue recurrido con anterioridad por la Fiscalía, suspendiendo su progresión, al alegar que su escrito de perdón no era "expresivo de un verdadero proceso de arrepentimiento y de repudio" al pasado terrorista de ETA.

De las 61 progresiones, la Audiencia Nacional ha revocado 15. Las aprobaciones para disfrutar del régimen de semilibertad afectan a 51 presos de ETA, dentro de un colectivo que cuenta actualmente con 140 presos en alguna de las tres cárceles del País Vasco, además de otros siete que cumplen condena en Pamplona (Navarra). Es decir, el 36% de los presos etarras que se encuentran en cárceles vascas -80 en Zaballa, 37 en Martutene y 23 en Basauri- han sido beneficiados por progresiones al tercer grado en poco más de dos años por el Ejecutivo vasco. De este grupo, hay ocho que están ya en situación de libertad condicional por decisión judicial y otros cuatro quedaron en libertad por cumplimiento.

El modelo estatal frente al modelo vasco

Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- aprobó 27 progresiones al tercer grado entre octubre de 2018 y abril de 2022, es decir, antes del acercamiento de presos de ETA y de la cesión de competencias al Gobierno vasco. De esta forma, el Ejecutivo vasco suma ya 34 progresiones más que el Gobierno central.

Según los datos del Observatorio de la AVT, solo en el año 2023 un total de 18 presos de ETA han sido puestos en libertad en España por cumplimiento de sus condenas. Además, hay otros 14 en situación de libertad condicional o con prisión domiciliaria. El Observatorio de la AVT señala que la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno vasco desde el 1 de octubre de 2021 fue clave, ya que la administración penitenciaria vasca ha optado por un "modelo específico que se caracteriza por potenciar el régimen abierto (tercer grado) pasando de tener que justificar la progresión al tercer grado (modelo estatal) a tener que justificar que un preso no está en tercer grado (modelo vasco)".

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