El Gobierno vasco ya gestiona Prisiones. Este viernes, 1 de octubre, se materializa el histórico traspaso de esta competencia que acordaron el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico meses atrás. El cambio provoca altas dosis de incertidumbre entre los funcionarios que trabajan en las tres cárceles del País Vasco y que temen, entre otras cosas, que les obliguen a estudiar euskera. Por ello, la mayoría de estos trabajadores públicos se acogía semanas atrás al concurso de traslados. Una suerte de amenaza de éxodo a la espera de los acontecimientos. Lo cierto es que habrá "euskaldunización", pero no antes de 2023.
En los centros penitenciarios de Euskadi (Basauri, Martutene y Nanclares de Oca), que acogen a más de 1.200 reclusos, trabajan algo menos de 700 funcionarios. Ocho de cada diez de ellos residen fuera del País Vasco. La enorme mayoría desconoce la lengua vasca. Y ahora, cuando el Ejecutivo que preside Íñigo Urkullu se hace con la competencia, temen, y así lo han expresado los sindicatos en varios medios, que les impongan el aprendizaje del euskera.
La cifra de funcionarios de Prisiones en Euskadi aumentará en el futuro, porque está previsto que en 2023 esté terminada la nueva cárcel de Zubieta (Guipúzcoa), que tendrá capacidad para 500 reclusos y será una de las más modernas de España. Dicha prisión sustituirá a la vieja cárcel donostiarra de Martutene, donde ahora hay apenas 300. Los nuevos funcionarios serán contratados ya por el Gobierno regional. El problema es para los trabajadores públicos que ahora pasan de trabajar para el Ejecutivo central a depender del Gabinete autonómico merced al traspaso de la competencia se hace efectivo este viernes.
Un pacto para ganar tiempo
En las últimas semanas los sindicatos de los funcionarios y el Gobierno vasco negociaron contrarreloj sobre las condiciones que tendrán estos trabajadores. La negociación fue compleja y hubo un acuerdo in extremis cerrado este mismo lunes. Pero no todos los sindicatos lo firmaron. De hecho, sólo rubricó ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario en las cárceles vascas que hace unos días denunciaba el "desconocimiento" del Ejecutivo vasco sobre esta materia. Los representantes de ELA y Comisiones Obreras no suscribieron el pacto.
Las fuentes consultadas admiten que dicho pacto consiste básicamente en ganar tiempo. Al decir del propio Gobierno vasco, el acuerdo mantiene las condiciones generales de la plantilla hasta finales de 2023, lo que supone "dos años para seguir negociando y perfilando los puestos de trabajo en los centros penitenciarios". Por ahora, la jornada, los horarios y los permisos seguirán siendo los mismos para estos trabajadores públicos. En cuanto a las retribuciones, el pacto "garantiza que la plantilla perciba el salario de los niveles mínimos de la Administración vasca".
La consejera de Justicia del Gobierno vasco: "Somos una comunidad bilingüe y trabajaremos en un plan de euskaldunización, pero se hará con rigor, paciencia y viendo cómo está la plantilla"
Así las cosas, el asunto que más preocupa a los funcionarios y por el que amagaron con una avalancha de traslados, la normativa lingüistica a aplicarse en las cárceles, sigue en el aire. Pendiente de negociarse. La consejera de Justicia del Ejecutivo vasco, Beatriz Artolazabal, ya ha dejado claro que su intención es euskaldunizar a los funcionarios pero sin generar un problema para ellos. "Somos una comunidad bilingüe y trabajaremos en un plan de euskaldunización, pero se hará con rigor, paciencia y viendo cómo está la plantilla", afirmó en una reciente entrevista a El Correo.
Una cesión histórica
En el ámbito político esta cesión, acordada ya hace tiempo pero retrasada por la pandemia, supone un triunfo obvio para el Gobierno de PNV y PSE. La tarea que se ha marcado el Gabinete de Urkullu es una defensa firme de la reinserción para todos los reclusos. Para desarrollar ese modelo propio, el Ejecutivo regional fichó juez Jaime Tapia, hasta entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Álava. Un magistrado conocido por su permanente apuesta por la reinserción. El Parlamento vasco daba luz verde esta misma semana a Aukerak, que es la Agencia Vasca para la Reinserción Social que se ocupará de este objetivo.
La AVT denuncia que Interior acerca a más presos de ETA que ahora tendrán más sencillo obtener el tercer grado: "Paz por presupuestos"
Uno de los asuntos más polémicos de este asunto es cómo afectará el cambio de competencia a los presos de ETA que están en las tres cárceles de Euskadi. Ahora mismo hay 73 reclusos de la banda terrorista en este centro penintenciario. El Gobierno vasco insiste en que se les tratará como al resto y la citada Artolazabal pide a estos reos que "digan que lo que hicieron estuvo mal".
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) advertía en un comunicado que a partir de ahora "los presos de ETA tendrán más fácil obtener los terceros grados", señalaba que el Ministerio del Interior está intensificando los acercamientos de reos precisamente por ello y enmarcaba todo en un acuerdo de "presos por presupuestos" del Gobierno con la izquierda abertzale.
