Este 2020 ha sido un año fructífero en lo electoral para el lehendakari, Íñigo Urkullu, ya que ha empezado su tercer mandato gracias a su incontestable victoria en los comicios autonómicos. Sin embargo, y por paradójico que pueda parecer, el jefe del Gobierno vasco ha cosechado al mismo tiempo varias derrotas políticas en su gestión frente a la pandemia del coronavirus.
La última de estas derrotas, aunque camuflada de victoria, llegaba este viernes, cuando Urkullu tomaba la iniciativa de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que declare el estado de alarma en toda España pero delegando las competencias a las comunidades autónomas. Esta súbita apuesta por la cogobernanza demuestra, en el fondo, que el lehendakari admite por fin que necesita ayuda del Ejecutivo central.
Claro que para llegar a ese convencimiento fue determinante la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco conocida 24 horas antes. Los jueces estipularon que el Ejecutivo de PNV y PSE no podía limitar las reuniones a un máximo de 6 personas, como pretendía. Ese auto judicial demostraba que sólo con el estado de alarma pueden ponerse en marca las restricciones que desea aprobar el Gobierno vasco. Por ello Urkullu capituló y se puso a solicitar el estado de alarma que en su día tanto denostó.
Demasiados golpes en la cara
Esta jugada política de reclamar la alarma para todo el país pero con competencias para las autonomías es el penúltimo sobresalto que se lleva Urkullu durante la pandemia. Primero tuvo que posponer las elecciones autonómicas. Y luego llegaron varios golpes en la cara que, si se mide en términos de boxeo, casi lo noquearon.
Uno de los primeros disgustos fue precisamente cuando el lehendakari declaró la emergencia sanitaria solo dos días antes de que Sánchez declarase el estado de alarma. Urkullu pretendía acaparar el poder de decisión para liderar la lucha contra la pandemia y solo 48 horas después se sintió desautorizado y ninguneado por Moncloa. Poco después también él y sus más estrechos colaboradores se sintieron zarandeados por Sánchez, porque ellos defendían no frenar la actividad económica y el Gobierno decidió frenarla.
Mientras duró el estado de alarma las cosas no fueron fáciles para el lehendakari. Su posición era extraña. De hecho, su voz era una de las que sonaba con más fuerza para reclamar que el Gobierno devolviera las competencias a las comunidades. Cosa que se entiende teniendo en cuenta que su ideario político consiste en pedir más autogobierno y sin perder de vista que tenía unos comicios autonómicos por delante.
Choques con todos
Precisamente la decisión de trasladar a julio la cita electoral enfrentó a Urkullu con casi toda la oposición salvo con sus socios del PSE. Pero con estos últimos sí mantuvo varios y sonados encontronazos a raíz de las continuas críticas del lehendakari a la forma en que el Gobierno de Sánchez aplicaba el estado de alarma.
A todo ello hay que sumar, claro está, la incertidumbre derivada de la evidente dificultad de este combate contra la pandemia. Algo que provoca no pocos dimes y diretes, incluidas fuertes contradicciones, en el Ejecutivo de Urkullu. Quizás la principal prueba de que los errores de gestión desgastaron a su Gabinete fue la salida del mismo de la ex consejera de Salud Nekane Murga. Ella fue el rostro de la lucha contra la pandemia en Euskadi y, una vez achicharrada por los acontecimientos, fue sustituida por Gotzone Sagardui tras las elecciones.
Y es que, paradojas de la cosa pública, todas estas derrotas parciales del lehendakari han podido generarle no pocos dolores de cabeza pero en cambio no han logrado erosionar su figura ni un ápice. Ni en las urnas ni en las encuestas.