La lucha contra la ampliación que está llevando a cabo Gibraltar ganándole terreno al mar cada vez tiene más apoyos. Primero, la denuncia el pasado mes de junio ante la Fiscalía por la extracción y venta de arena de la duna de Valdevaqueros de Tarifa -espacio protegido- para regenerar playas en el Peñón consiguió que Interior impidiera el paso de más camiones con material; y ahora, el propio Gobierno ha aportado pruebas obtenidas por la Guardia Civil para denunciar los vertidos de arena y piedra en dos zonas del este de la colonia, que serán investigados por Bruselas. A esto se suman las quejas por el traslado de áridos desde la cantera del Karst de Utrera (Málaga), ignorada y desprotegida desde hace una década. A raíz del ‘lío’ con Gibraltar las protestas contra un posible ataque medioambiental son más sonadas, pero lo cierto es que estas prácticas no son nuevas y llevan años siendo denunciadas. Ya se han perdido más de 300 hectáreas de playa en la Bahía de Algeciras.
El acuerdo comercial para el desarrollo de la zona Este del Peñón, un proyecto de un billón de libras, se firmó en 2005
“Ahora se le está dando más bombo por el conflicto, pero esto no es de hace dos días. Llevamos más de 10 años denunciándolo”. Antonio Muñoz, presidente de Verdemar-Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar, apunta que desde la pasada década se viene alertando de los peligros de los proyectos de construcción en Gibraltar y su posible impacto ambiental en territorio español. Las primeras denuncias tuvieron lugar mucho antes, en 1988, y fueron dirigidas a Francisco Fernández Ordóñez, entonces ministro de Exteriores con Felipe González, pero no dejaron de sucederse en la época de Aznar y durante los gobiernos de Zapatero. Por aquellas, las alarmas saltaban porque las ampliaciones portuarias y el aeropuerto de Gibraltar comenzaban a ocasionar pérdidas de litoral.
Ya en 2005, cuando se firmó el acuerdo para desarrollar el ambicioso proyecto inmobiliario (valorado en un millón de libras), que contempla la construcción de cerca de 200 apartamentos, un puerto deportivo con capacidad para 300 barcos, un aparcamiento subterráneo, un hotel, comercios y oficinas, todo ello ganando terreno al mar, el ministro socialista Miguel Ángel Moratinos primero, y el presidente Zapatero después, fueron alertados. Fueron informados de que los rellenos de escombros que se estaban realizando entonces en Gibraltar con la finalidad de ejecutar dicho proyecto podrían ser causantes de la pérdida de arena en la playa de Levante, en el término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz), así como de la ruptura de la dinámica del litoral, lo que termina afectando a la extensión de las playas. El ministro respondió y solicitó que no prosiguiesen los trabajos hasta que se cumplieran todas las exigencias medioambientales, pero a día de hoy poco o nada ha cambiado.
La Fiscalía investiga la presunta venta de arena de un espacio protegido a Gibraltar para el relleno de la playa Sandy Bay
Después de varios intentos sin éxito ante la Comisión de Medio Ambiente de la UE, la Fiscalía admitió a trámite la denuncia interpuesta por Verdemar, en la que alertaba de que para esos trabajos de relleno y regeneración de la playa Sandy Bay (Playa del Algarrobo) en Gibraltar y la construcción de dos espigones artificiales se estaba introduciendo arena procedente de la duna de Valdevaqueros (Tarifa), un espacio protegido e integrado en la Red Natura 2000. Para explicar el traslado de arena de la duna a Gibraltar, las autoridades del Peñón aclararon en un comunicado que su Gobierno tenía un contrato con la empresa Van Oord para el suministro de 10.000 toneladas de arena, que ésta disponía de los permisos del Ayuntamiento de Tarifa y que se trataba de “arena de las dunas que se había volado hasta las carreteras adyacentes”. Sin embargo, la denuncia del grupo conservacionista va precisamente contra el consistorio gaditano y otros municipios por un delito de “hurto agravado” y por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público.
“Resulta raro que un Ayuntamiento sea responsable de una playa, que es un bien público”, asegura el presidente de Verdemar. “La arena de una playa no se puede vender, y el hecho de que se trate del Parque Natural del Estrecho es un agravante. No sabemos hasta qué punto se ha falsificado un documento público para conceder unos permisos que no le corresponden”. Tal y como aclaró la Junta de Andalucía, las competencias en torno a la duna no recaen en la administración regional, sino en la demarcación de Costas en Cádiz, que negó haber autorizado traslado alguno. El caso está ahora en manos de la Fiscalía y son las autoridades quienes deberán hacer las averiguaciones.
Arena de la duna para Gibraltar, campos de golf y hasta obras
Según el Gobierno gibraltareño, los trabajos comenzaron el 29 de abril y finalizaron el 6 de junio, cuando se habían suministrado casi 3.000 toneladas de las 10.000 previstas por las trabas que estaban poniendo las autoridades españolas y por la prohibición del Ayuntamiento de Tarifa al llegar el caso a la Fiscalía. Sin embargo, y según la información publicada por El Confidencial Digital, el saqueo de tierra de la duna podría haberse llevado a cabo desde hace dos años. Según este diario, los camiones de la empresa Movitrans han estado trasladando arena de la duna al Peñón sin ningún problema hasta el conflicto con Gibraltar. “La empresa lleva dos años sacando arena de la duna y llevándola a obras, campos de golf, y al propio Gibraltar y nadie ha dicho nada”, aseguró Movitrans a ECD.
Por otro lado están los trabajos en de la zona entre Eastern Beach y Catalan Bay, en marcha desde 2011. Para el Gobierno español, los rellenos de arena para la construcción de un dique de más de 15 metros (según Gibraltar para nivelar el suelo y aplacar las embestidas del mar) podrían violar la legislación comunitaria. Grupos ecologistas, espeleólogos, biólogos y vecinos de la zona han denunciado también la extracción y traslado al Peñón de piedra de la cantera de áridos ubicada en el Karst de la Utrera,un entorno de gran valor biológico, arqueológico y geofísico. La explotación del yacimiento, situado en la sierra de la Utrera, en Casares (Málaga) se tornó más agresiva por el año 2006 y, aunque fue declarada zona de interés territorial, la Junta aún no ha dado el paso de catalogar la zona como "Paraje Natural". Mientras tanto, las rocas de la cantera malagueña sirven de relleno a las obras de ampliación de Gibraltar.
