La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha procesado este martes al PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. El PP ha anunciado este mismo martes que recurrirá el auto de su procesamiento, ya que a su entender, la decisión de la juez es "abiertamente infundada y contraria a derecho" y se basa en las "simples palabras" de quien está encausado en varios procedimientos penales y ha "cambiado sus versiones en muchas ocasiones" para "dañar" al PP.
En un auto, la magistrada concluye la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento. En concreto, asegura que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos mientras que la actual tesorera "conocía y permitió" la eliminación de los datos contenidos en los ordenadores. "El PP no estableció un modelo de organización y gestión adecuada para impedir la comisión de esos delitos", agrega.
Con esta decisión la juez cierra la instrucción y da el primer paso para sentar al PP en el banquillo, tras desestimar la petición de archivo que planteó la Fiscalía y el Partido Popular. Se trata de la primera vez que una formación política es procesada. El Juzgado dará ahora traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de diez días, soliciten el sobreseimiento o la apertura del juicio oral.
Pese a que tanto el PP como sus tres responsables investigados afirmaron ante juez que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, la magistrada afirma que "no existe un protocolo interno de seguridad"
Ahora bien, esta resolución puede ser recurrida ante el propio juzgado en caso de que sea de reforma y ante la Audiencia Provincial de Madrid si es de apelación. Dice la jueza Rosa María Freire que existen indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos "por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito" ya que en la actualidad "no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede".
Pese a que tanto el PP como sus tres responsables investigados afirmaron ante juez que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, la magistrada afirma que "no existe un protocolo interno de seguridad". Añade que Durán es responsable por "haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese", que Moreno también lo es por "haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello", y que "Navarro conocía sobradamente las circunstancias".
Respecto al delito de encubrimiento, la juez dice que viene determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 5 del Audiencia Nacional.
