Otro frente se abrirá al Gobierno de Mariano Rajoy si no hay una rectificación por su parte. Esta vez son los guardias civiles los que están dispuestos a salir calle en defensa de sus derechos en el supuesto de que el Ejecutivo siga adelante con la propuesta que ha planteado la cúpula militar del Instituto Armado a los agentes: un aumento de la jornada laboral a 48 horas. Así consta en el borrador, al que ha tenido acceso Vozpópuli, de una próxima Orden General, que modifica la anterior (la 4/2010) en lo que se refiere al tiempo máximo de prestación del servicio y periodos de referencia para su cálculo, y descanso diario. A juicio del director Adjunto Operativo de la Guardia Civil (DAO), el teniente general Cándido Cardiel, al frente del principal órgano colaborador del director general de la Institución, Arsenio Fernández de Mesa (PP), tales circunstancias que ahora son revisadas “si bien se venían aplicando correctamente en la práctica, no tenían un sustento normativo adecuado”.
El borrador introduce en la sección primera, la relativa a los conceptos generales (objeto, ámbito de aplicación y definiciones de jornada de trabajo y horario de servicio) una disposición sexta en la que abre la puerta a la ampliación a 48 horas de la jornada laboral de los guardias civiles, actualmente en 37 horas y media. En concreto, el apartado tercero de la citada disposición dice: “Se establece una duración máxima del tiempo efectivo de servicio, como promedio trimestral, de 48 horas semanales. Para el cálculo de dicho promedio se tomarán como referencia los trimestres naturales, sin tener en cuenta los días disfrutados de vacaciones y permisos y las ausencias por baja médica”. Y el apartado cuarto añade: “Se entiende que un efectivo está disponible para prestar servicio desde el momento en que alguna unidad, centro u organismo de la Guardia Civil le puede nombrar servicio”. La futura redacción también deroga la Orden General 37/1997, de 23 de septiembre, sobre Regulación del Régimen de Prestación del Servicio.
El texto que la Dirección General del Instituto Armado remitió en un primer momento a los asistentes al Consejo de la Guardia Civil para su discusión es distinto al que se han encontrado luego sobre la mesa
Estos cambios normativos, aún en fase de negociación, se han expuesto a los representantes de asociaciones que velan por los derechos de estos funcionarios, reunidos en torno al Consejo de la Guardia Civil. Según fuentes conocedoras de estas conversaciones, el texto que la Dirección General del Instituto Armado remitió a los asistentes para su discusión es distinto al que se han encontrado luego sobre la mesa, el cual incorpora “cambios que distorsionan sensiblemente el contenido de la propuesta inicial”. Tal fue la sorpresa de estos colectivos, al encontrarse un texto sustancialmente alterado, que señalaron que ni siquiera habrían acudido al Consejo de tener previa constancia de tales intenciones “abusivas” de la Dirección General.
Una medida para cubrir la baja tasa de reposición
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consideran que el borrador supone un “retroceso a los años ochenta” en la regulación de las condiciones sociolaborales de los agentes. Así, creen que de materializarse esta propuesta, que achacan sobre todo a la cúpula militar del Cuerpo, sería “la gota que colma el vaso” para iniciar una “movilización que sería histórica”. Fuentes de este colectivo denuncian que la Guardia Civil “es el Cuerpo peor pagado y el que más horas trabaja” y recuerdan que en los últimos años el Ejecutivo les ha “bajado el sueldo un 5% y quitado una paga extraordinaria”.
También critican que se les ha recortado el derecho a la libertad de expresión. Las mismas fuentes creen que detrás de esta medida que alargaría la jornada laboral está la escasa oferta de empleo público para suplir las bajas que se producen en el Cuerpo. Si en 2012 fueron 4.500 los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que abandonaron estas fuerzas de seguridad, la tasa de reposición aplicada por el Gobierno de Rajoy se ha situado en apenas un 10%.
Además, desde AUGC advierten al Ejecutivo de que Bruselas ya abrió expediente a España hace ahora un año por el incumplimiento de la directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La demanda fue interpuesta por este colectivo al aprobarse la citada Orden General 4/20120 que regulaba la jornada laboral de los guardias civiles y que excluía de este derecho a los mandos, unidades de policía judicial y equipos de investigación. Asimismo, la directiva alude a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, en concreto del personal no civil de las Administraciones Públicas.
