El PP de la Comunidad Valenciana habría utilizado dinero negro para financiar principalmente actos electorales por un total de 2.960.000 euros en 2007 y 405.450 euros en 2008. Así se desprende de sendos informes que la Agencia Tributaria ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano, en los que el partido habría sido colaborador necesario del fraude en el pago del IVA cometido por Orange Market, sociedad de la trama Gürtel.
Según una información que publica este lunes el diario El Mundo, el dato de 2007 cobra relevancia porque podría suponer un delito electoral, ya que ese año se celebraron elecciones municipales y autonómicas. Además, las cuentas de la sección valenciana afectarían a la formación política en su conjunto, ya que ambas contabilidades se consolidan con un NIF único. Por este motivo, Hacienda estima que la información remitida a la Sindicatura de Cuentas sobre esos ejercicios no reflejan dicha contabilidad con fidelidad.
Los informes, remitidos al Tribunal Superior de Justicia valenciano a instancias del juez José Ceres, instructor de la causa, se basan en la información aportada por la Udef, y están incorporados a las dos causas que investigan el caso Gürtel en Valencia (presunta financiación ilegal del PP y delitos de falsedad documental). En ambas aparece como imputado Luis Bárcenas, extesorero popular, que probablemente tenga que ser llamado a declarar para ratificar o desmentir su versión del pasado 22 de mayo, en la que dijo no conocer si había financiación irregular del PP en Valencia.
Sin embargo, cuando acudió a declarar ante el juez Ruz el pasado 15 de julio sí admitió que Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas, había realizado una aportación de 200.000 euros en metálico que se anotaron en la contabilidad B. Fue el propio extesorero el que admitió la existencia de esta contabilidad oculta en la Comunidad Valenciana que se utilizaba para dejar constancia de las aportaciones en metálico de los empresarios que financiaban al partido.
Según la información de la Udef, que Bárcenas habría confirmado, el PP valenciano habría mantenido una contabilidad A conocida como "Alicante" y otra contabilidad B con el nombre de "Barcelona". Esta financiación irregular (utilizada principalmente para sufragar actos electorales y no superar así los límites legales) vendría de una doble vía: los empresarios investigados pagaban una parte de los actos a Orange Market, sociedad organizadora, y para justificarlos, hacían facturas falsas por servicios fictícios. Por su parte, el PP valenciano pagaba a esta sociedad en negro por estos actos electorales.
