Las acusaciones que llevaron a Brahim Ghali ante la Justicia por delitos de genocidio, tortura o lesiones, no quieren que eluda por tercera vez su cita con la Audiencia Nacional. Por ese motivo, la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) ha solicitado este mismo lunes al magistrado Santiago Pedraz que, si no quiere ordenar su ingreso en prisión, le retire el pasaporte. Lo hacen a tenor de las declaraciones a Ok Diario del número dos del Frente Polisario, Salem Lebsir, en las que apuntó que planeaba eludir su responsabilidad y no acudir al interrogatorio señalado para el próximo 1 de junio.
Así consta en un nuevo escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo recoge las manifestaciones que ha hecho Lebsir desde el hospital de Logroño donde se encuentra hospitalizado el líder del Frente Polisario y, según las cuáles, éste estaría preparando su salida de España para evitar tener que comparecer en sede judicial. Se trata de un hecho que ya se produjo tanto en 2013 como en 2016 cuando fue citado sin éxito por los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata, respectivamente.
Sin orden de detención
Fuentes jurídicas confirman a este diario que no se prevé modificar la situación de Ghali, sobre el cual no pesa ninguna orden de detención. Es más, cuando el magistrado Pedraz decidió reabrir las pesquisas abiertas en 2008 declinó imponer medidas para Ghali, cuyo ingreso en un hospital de Logroño derivó en una crisis diplomática y migratoria con Marruecos. Esta misma asociación que ahora pide la retirada del pasaporte, solicitó la semana pasada a la Audiencia Nacional que le ingresara en prisión sin fianza ya que los hechos que se le imputan son lo suficientemente graves como para tratar de garantizar que la semana que viene será interrogado por este asunto.
Sin embargo, Pedraz les respondió que mantenía el criterio adoptado en su auto del pasado 18 de mayo cuando dejó claro que le volverían a investigar por los delitos recogidos en la querella inicial (y entre los que incluye además detención ilegal, asesinato y lesiones) aunque plasmó que se le notificaría la querella toda vez compareciera en la Audiencia Nacional o recibiera el alta hospitalaria. El líder del Frente Polisario entró en España a través de Zaragoza y con un carnet diplomático de Argelia, país del que procedía. Su ingreso en el centro hospitalario se produjo bajo la identidad de Mohamed Benbatouche si bien los informes médicos que aportaban incluían otro nombre diferente (Mohamed Abdella).
Dos causas contra Ghali
La investigación penal abierta contra Ghali y otras veinte personas más se archivó de manera provisional el pasado mes de octubre a la espera de recibir cumplimentada la comisión rogatoria librada a Argelia. No obstante, y tras conocerse que el líder político había entrado de manera secreta en España, la asociación querellante pidió al juez que volviera a impulsar las pesquisas aunque todavía no tuviera respuesta del país africano. Pedraz admitió la solicitud pero declinó acordar medidas cautelares ante la ausencia de "indicios claros de participación" en los hechos denunciados en la querella.
Pese a ello, la citación del próximo 1 de junio se produce en el marco de otras diligencias abiertas contra el líder del movimiento para la liberación del Sáhara. Este procedimiento arrancó el año pasado tras la querella presentada por Fadel Breica. El activista saharaui le atribuye los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad por unos hechos ocurridos en junio de 2019. Breica fue detenido por militares del Frente Polisario tras organizar una manifestación contraria a la línea oficial de este movimiento. Según expuso, mientras estuvo retenido fue sometido a descargas eléctricas y le mantuvieron con los ojos vendados y las manos y pies atados. Le liberaron en noviembre de ese año.
Mientras tanto, el asunto sigue tensando la relación entre Marruecos y España. La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha advertido que si el Gobierno interfiere para sacar del país al activista político con la misma "opacidad" con la que se produjo su entrada, se agravará el conflicto diplomático. El Gobierno español, por su parte, defiende que la entrada de Ghali se produjo por razones humanitarias y denuncia que Rabat, a modo de represalias, abriera las fronteras con Ceuta para facilitar la entrada masiva de unas 8.000 personas en territorio español.
