Tres días después de que el Tribunal de Cuentas condenara a los 'populares' Alfonso Alonso y Javier Maroto a pagar 393.862 euros por el "perjuicio" causado al Ayuntamiento de Vitoria, se han producido las primeras reacciones por parte de la oposición. El cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Vizcaya, Patxi López, ha pedido este lunes al ministro de Sanidad en funciones y al secretario sectorial del PP que se apliquen lo que reclamaban a la senadora y exalcaldesa valenciana Rita Barberá cuando aceptó declarar ante el juez por el 'caso Taula'.
El Tribunal de Cuentas condenó a Alonso, Maroto y al resto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria en 2007 a abonar 393.862 euros por la firma del alquiler gravoso para el consistorio de unas oficinas. "Lo curioso es escuchar a Maroto pedir la dimisión de Rita Barberá y otros implicados en casos de corrupción y cuando le toca a él no asumir ningún tipo de responsabilidad", ha declarado López a los periodistas en Bilbao en un acto preelectoral, recogido por la agencia Efe.
"Me gustaría que lo que se dice se corresponda con lo que se hace y espero que Maroto adopte alguna decisión", ha añadido López.
"Siempre he dado la cara"
Maroto ha respondido a quienes le han criticado, asegurando que "estarían mejor callados" en lugar de dedicarse a "difamarle" a raíz de su condena y ha dicho que va a seguir luchando contra la corrupción, "ahora más que nunca", como asegura en una entrada en Twitter que ha titulado "Siempre he dado la cara, hoy también".
Maroto recuerda que el Tribunal de Cuentas "no es un tribunal penal ni es la justicia ordinaria" y advierte de que en la denuncia que ha dado origen a su condena "no se ha hablado nunca de corrupción. Ni siquiera de algo ilícito o penal". Sobre la sentencia, el vicesecretario sectorial del PP dice que respeta esta "resolución desfavorable de la consejera nombrada en ese tribunal a propuesta de IU," pero advierte de que no la comparte y la recurrirá.
Asimismo, recuerda que de lo que se está hablando es de "un expediente administrativo en el que se discute por el precio al que fue alquilado un local" para albergar unas oficinas municipales.
"Estamos discutiendo si el precio debe ser 10 euros el metro cuadrado o 12. Tomamos la decisión que los técnicos nos recomendaron y siempre hemos defendido su profesionalidad", ha subrayado.
Por contra, ha puesto sobre la mesa la presunta trama vasca de cobro de comisiones ilegales que investiga la justicia y en la que están implicados exdirigentes del PNV, y ha opinado que los nacionalistas vascos "estarían mejor callados estos días".
