El caso Pegasus que se sigue en la Audiencia Nacional no investigará el espionaje a Pere Aragonés. El juez que está al frente de la causa por el hackeo al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declinado adherir a estas diligencias la querella que interpuso el presidente de la Generalitat en los juzgados de Cataluña también por la intercepción de su teléfono móvil.

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el magistrado al frente de estas diligencias, José Luis Calama Teixeira, no ve razones para adherir la querella de Aragonés al caso Pegasus. El motivo reside en la competencia de los hechos. La Audiencia asumió la investigación del espionaje a Sánchez precisamente por ser la competente ante asuntos que afectan a "altos organismos de la nación". Los hechos, además de Sánchez, afectan también a los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura).

Así pues, pese la inhibición de un juzgado de Barcelona sobre la querella de Pere Aragonés, el magistrado ha declinado la solicitud. De este modo, ha derivado la causa al Juzgado Central de Instrucción número 2. El juzgado que dirige Ismael Moreno la recibió procedente de Barcelona y la desvió al que investiga el caso Pegasus. Ante su negativa, el asunto vuelve de vuelta a su dominio, según confirman las mismas fuentes.

Traducción de la querella

Así pues, lo primero que ha hecho Moreno antes de tomar decisión alguna ha sido ordenar la traducción de las diligencias, que han sido remitidas en catalán y en inglés. Por su parte, la defensa de Pere Aragonés trata de impulsar este asunto, que lleva más de medio año en punto muerto. Cabe recordar que hace poco más de un año se hizo público que un importante número de dirigentes independentistas estuvieron bajo la lupa del CNI y fueron objeto del control de sus comunicaciones.

El asunto tensó la cuerda entre Moncloa y sus socios de ERC hasta el punto de que advirtió de las consecuencias políticas si no se les informaba acerca de este episodio. A diferencia del hackeo del móvil a Pedro Sánchez -cuya autoría se desconoce a día de hoy- los más de 60 líderes independentistas de Cataluña afectados por estos hechos apuntaron al "Estado" y más en concreto al CNI como el responsable de los pinchazos telefónicos.

Como consecuencia de lo ocurrido, se abrieron varios procedimientos ante las actuaciones de los perjudicados. Andreu Van den Eynde -abogado de Aragonés- hizo lo propio e interpuso una querella por delito de revelación de secretos contra NSO Group; la empresa israelí que comercializa Pegasus.

Una causa en punto muerto

Sin embargo, su causa se ha ido diluyendo en Cataluña sin avanzar hacia ningún lado. En agosto, desde el Juzgado de Instrucción número 29 se informó a favor de la inhibición de la Audiencia Nacional. El juez, con el criterio favorable de la Fiscalía de Delitos Informáticos, expuso que este último órgano era el competente para indagar los hechos al considerar que Aragonés también es una institución del Estado.

La defensa de Aragonés lleva meses pidiendo al juzgado de Barcelona que investigue los hechos denunciados, pero el juez prefiere esperar a que resuelva la Audiencia Nacional

En estos meses la defensa del presidente catalán ha pedido impulso procesal al asunto y ha reiterado en varias ocasiones ante el juzgado catalán que la Ley les obliga a practicar diligencia de investigación mientras espera la respuesta de la Audiencia Nacional. Es más, desde octubre a esta parte ha ido aportando diversa documental que probaría el espionaje a su cliente. Sin embargo, el juzgado ordinario no ha movido ficha al considerar que no existe una urgencia tal como para dar los primeros pasos en la investigación, según las fuentes consultadas.

En abril se cumple un año desde que se hiciera público que el CNI había controlado las comunicaciones de 63 independentistas; entre ellos el propio abogado de Aragonés, los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas y, además, dirigentes de la CUP y del PDEeCAT. La información la divulgó Citizen Lab, un grupo de expertos de la Universidad de Toronto.

No obstante, la actuación del CNI se llevó a cabo respetando el cauce legal; esto es, contó con el aval del Tribunal Supremo. Los servicios secretos defendieron la medida recordando que entre sus cometidos está el de prevenir cualquier actuación que amenace la integridad territorial. El Gobierno, por su parte, se puso de perfil y se desligó de la actuación.

Pendientes de Israel

Las consecuencia de lo ocurrido se dejó sentir más en el terreno político que en el judicial, ya que no ha prosperado ninguna de las vías abiertas en los tribunales para esclarecer los hechos. Tampoco el caso Pegasus avanza como debería. Tal y como informó Vozpópuli, la Audiencia Nacional sigue pendiente de que Israel responda a la petición de auxilio judicial cursada hace unos meses. Tel Aviv ha ignorado el primer requerimiento y un posterior recordatorio tramitado desde el Ministerio de Justicia.

La ausencia de respuesta diluye la posibilidad de que la comitiva judicial pueda desplazarse a Israel para interrogar al CEO de NSO Group, tal y como se pretende. Así pues, el procedimiento se mantiene en punto muerto sin poder dilucidar quién está detrás de la infección de los móviles de Sánchez y cuatro ministros en mayo de 2021. Los hechos coinciden con la crisis sin precedentes que vivió España con Marruecos a tenor de la entrada furtiva en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Desde que echara a andar esta causa en mayo del año pasado, se ha interrogado a Paz Esteban y los miembros del CNI que elaboraron los informes confidenciales sobre el espionaje. El juez también cuenta con las testificales de los ministros afectados aunque ninguno de ellos quiso declarar en persona en la Audiencia Nacional, pese a ser perjudicados y denunciantes. En su defecto, se acogieron al derecho que les brinda la Ley y declararon por escrito. Ahora, la causa depende de Israel para poder depurar responsabilidades.

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