El Ministerio de Empleo propondrá a los agentes sociales y a las formaciones políticas un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, con el que se impedirá que ningún gobierno pueda congelarlas o bajarlas, y que ya se empezará a aplicar a partir de 2014, mientras que se retrasa hasta 2019 la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad que vincule las pensiones con la demografía.
Así lo ha planteado la ministra Fátima Báñez este lunes a los sindicatos CC.OO. y UGT, con los que se ha reunido durante algo más de hora y media. En la rueda de prensa posterior, ha explicado que la idea es que ningún gobierno pueda congelar o bajar la cuantía de las pensiones, a través de la introducción de un índice mínimo de revalorización que deberá aplicarse obligatoriamente todos los años.
Para ello, habrá un suelo y un techo, y se tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social. "En todo caso habrá ganancia año a año", ha dicho Báñez, apuntando que la subida mínima será del 0,25% y el máximo de incremento será el IPC más 0,25%. "En años de bonanza los pensionistas ganarán algo más del IPC", ha destacado, pero no más del 0,25%.
Factor de sostenibilidad
En cuanto al factor para vincular las pensiones a la evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida, el Gobierno aplaza hasta el año 2019 su entrada en vigor, lo que le da más plazo para intentar llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo.
También ha asegurado que en ningún caso conllevará cambios en la edad de jubilación o modificaciones en los derechos adquiridos por los pensionistas. "Sólo introduce por primera vez un índice objetivo y previsible que resguarda la sostenibilidad del sistema y libra de las decisiones políticas a las pensiones de mañana, evitando adoptar medidas drásticas ante los periodos de recesión", ha dicho.
No descarta cambios
En cualquier caso, Báñez ha subrayado que estos dos factores son "inocuos" para las reformas actualmente en marcha -como el retraso de la edad de jubilación- o para las que se puedan decidir en el futuro, y de hecho se ha mostrado abierta a incluir en las negociaciones "cualquier propuesta de modernización del sistema", por ejemplo la posibilidad de buscar nuevas vías de ingresos para la Seguridad Social.
De hecho, a partir de ahora se iniciará el proceso de diálogo con los agentes sociales, a los que en los próximos días remitirán por escrito su propuesta, y también con los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo. "La idea es buscar entre todos el mayor consenso posible. La intención del Gobierno es que esta propuesta, la que salga finalmente, tenga el mayor consenso posible, porque la confianza y la certidumbre es buena", ha apostillado la ministra.
No obstante, ha defendido que su planteamiento de partida es "transparente" y tiene las ventajas de que "convierte en automático el factor de sostenibilidad", da "certidumbre a los pensionistas de hoy y también a los de mañana y garantiza que las pensiones no podrán bajar nunca. Y todo manteniendo un sistema "público y de reparto".
