Alberto Pozas y Luis Rendueles solicitan a la Audiencia Nacional que les excluya del 'caso Villarejo'. El magistrado que investiga al comisario jubilado dio el pasado año el primer paso para sentarles en el banquillo de los acusados en la pieza relativa a la tarjeta telefónica de Dina Bousselham. Sin embargo, los periodistas no comparten el criterio del instructor.
Según exponen, el perdón de la entonces asesora de Pablo Iglesias al que fuera su jefe debería hacerse extensible a ambos, que fueron los que recibieron el contenido de la tarjeta telefónica y se lo trasladaron al comisario.
Así lo plasman en un recurso que dirigen a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'. Según razonan, existe una “directa conexión” entre el delito de descubrimiento de secretos del que sería autor Pablo Iglesias y el descubrimiento que se les atribuye a ambos. Por tanto, o bien la exasesora de Iglesias les persigue penalmente a los tres o les excluye “pero lo que no puede hacer es perseguir a uno (s) y excluir a otro(s)", reza el escrito.
El magistrado Manuel García Castellón declinó a comienzos de mes sacarles de la causa al considerar que habría indicios de que cometieron delito de revelación de secretos con el uso de la tarjeta telefónica de Bousselham. En octubre del año pasado el magistrado cerró esta pieza décima de la causa y envió la parte relativa a Pablo Iglesias y su exasesora al Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito contra el entonces vicepresidente del Ejecutivo.
Los periodistas se desligan de cualquier irregularidad y denuncian que son víctimas de un uso político del asunto.
El alto tribunal, en sintonía con la Fiscalía, devolvió la causa a la Audiencia Nacional al concluir que no se había acreditado que Iglesias estuviera detrás del destrozo de la tarjeta. De este modo, solicitó al magistrado más diligencias, entre ellas escuchar de nuevo en sede judicial a Bousselham.
Víctimas de un uso político
No obstante, el instructor requirió a la Policía Judicial para que volviera a analizar la tarjeta telefónica en aras a acotar cómo se pudo destruir pero no cambió la condición de procesados de Pozas y Rendueles. Los periodistas se desligan de cualquier irregularidad y denuncian que son víctimas de un uso político del asunto.
Además, también cargan contra Iglesias y razonan que en cualquier delito debe exigirse del perjudicado que no incurra en “omisiones y mucho menos en contradicciones”. “Que no dé al juzgado que investiga relatos incompatibles entre sí: que no omita ante la policía ni ante el juzgado información que serviría para descartar unas líneas de investigación y para abrir otras; que no oculte ni dañe elementos probatorios físicos esenciales y que no dinamite, en definitiva, un procedimiento cuya continuación o finalización pende únicamente de su voluntad”, precisan.
Los periodistas también exponen que existen divergencias entre el auto de procedimiento abreviado con la exposición razonada contra el exlíder de Podemos que se envió al Supremo. En el primero de los escritos se apuntaba que en enero de 2016 llegó a manos de Pozas parte de la información contenida en la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham. Sin embargo, en el texto remitido al alto tribunal se plasma que los periodistas de Interviú dieron en aquel momento a Iglesias la tarjeta original. Se trata de un dispositivo que, según denunció la exasesora de Iglesias, se le sustrajo mientras estaba con su pareja en un centro comercial de Alcorcón en noviembre de 2015.
Procedimiento mediático y político
"De ello se interfiere que en la instrucción no se ha podido averiguar qué es lo que llegó a manos del Sr. Pozas, qué es lo que este entregó al Sr. Asensio, qué es lo que el Sr. Asensio entregó al Sr. Iglesias y si algo de todo ello es o no lo que se encontró en el domicilio de Villarejo", añade el recurso. Tanto Bousselham como Iglesias apuntaron en su declaración como perjudicados en la Audiencia Nacional que lo publicado en diversos medios de comunicación provenía del teléfono de la joven y que detrás de esta filtración estaría el comisario jubilado en el marco de una operación de la ya conocida como policía patriótica. El comisario jubilado, por su parte, descartó por completo cualquier robo del teléfono así como filtración en prensa asegurando que él tenía parte de lo contenido en este dispositivo porque se lo habían trasladado para sus investigaciones sobre Podemos.
La defensa de los periodistas, que recuerda que este asunto les está causando "muy graves perjuicios", hace hincapié en que el asunto nuclear de todo este asunto es el destrozo de la tarjeta que se le atribuye al político. El hecho de que el magistrado García Castellón cambiara su condición de perjudicado a posible responsable de delito de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa hace que eso tenga consecuencia directa en la situación de ambos. De hecho, sostienen que la causa ha terminado de instruirse con la incógnita de si Pozas recibió de un tercero la tarjeta original de Bousselham, o si lo que llegó a Interviú fue lo que luego se encontró en el domicilio de Villarejo. "Todo ello no se ha podido averiguar por la actuación de los investigados y, concretamente, por la actuación del Sr. Iglesias dañando la tarjeta que recibió Asensio, impidiendo de este modo con su actuación averiguar elementos esenciales del delito que pretende atribuirse a mis defendidos", sentencia el escrito.
