El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, el magistrado Antonio Serrano Arnal, ha citado este jueves a los peritos de Hacienda que redactaron el informe de 644 folios que constituye la principal prueba de que el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, habría cometido varios delitos contra la Hacienda Pública al ocultar su patrimonio en el exterior al fisco español.
Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, los peritos han sido citados a las 10:30 horas en los juzgados de Plaza de Castilla para ratificar en sede judicial el contenido del extenso informe donde la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye que Rato habría defraudado, a través de una maraña de empresas pantalla, 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015.
Tal y como recoge ese documento aportado a la causa, el exministro de Economía y Hacienda habría cometido el citado fraude mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".
Además, el informe de la ONIF, pieza clave en la presente investigación judicial, hablaba de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.
Este jueves el juez Serrano Arnal y la fiscal Anticorrupción Elena Lorente preguntarán a los expertos de la Agencia Tributaria si ratifican todas las afirmaciones y datos contenidos en el extenso informe que forma parte del sumario del denominado caso Rato.
Hasta ahora, el exdirigente del Partido Popular se ha defendido asegurando que demostrará que "en todo momento" ha actuado conforme a las leyes tributarias. Además, el expresidente de Bankia ha criticado siempre duramente que tuvieran que pasar 19 meses desde el registro de su domicilio y su detención para que la ONIF remitiese al juzgado su informe definitivo.
