Los peritos que han participado en el careo acordado por la juez del caso Plus Ultra han mostrado sus discrepancias sobre la solvencia de la compañía. Los expertos han validado sus trabajos en sede judicial mostrando sus divergencias en relación a si la aerolínea cumplía o no con las condiciones fijadas por el Gobierno para recibir 53 millones de euros. Mientras los responsables de los informes de la SEPI han defendido que Plus Ultra era elegible, los peritos designados por el juzgado han llegado a decir que con fecha de 31 de diciembre de 2019 estaba en causa de disolución.
Aunque el tono del encuentro ha sido cordial y muy respetuoso, los peritos sí han evidenciado discrepancias principalmente en tres puntos: las cuentas de 2019, la gestión de un préstamo en un paraíso fiscal y las provisiones por los proyectos judiciales. Fuentes presentes en el careo consultadas por Vozpópuli aseguran que los expertos designados por el juzgado han mostrado sus dudas acerca de que la empresa fuera solvente. Se trata de un asunto clave puesto que uno de los requisitos que imponía el Gobierno es que la firma no estuviera en crisis a fecha de 31 diciembre de 2019.
Así, se ha debatido a fondo el préstamo de 6,3 millones de euros que recibió Plus Ultra en diciembre de 2017 del banco panameño Panacorp. Los peritos del despacho Martín Molina han explicado a la juez Esperanza Collazos que no lo entienden como un préstamo participativo porque de todo el monto pactado solo se le permitía utilizar dos millones. El resto debía permanecer en la cuenta que Plus Ultra tenía abierta en la entidad Commonwealth Bank and Trust. Como ya expusieran en su informe, les resulta llamativo que se trate de un banco ubicado en el paraíso fiscal de Dominica.
"No somos auditores"
Además han explicado que esa línea de crédito fue determinante puesto que permitió a la sociedad sortear la concurrencia de la causa de disolución con pérdidas; máxime porque desde el año 2016 la firma reflejaba resultados negativos. Frente a esta tesis se sitúan los expertos de Deloitte y DC Advisory. El asesor legal y financiero de la SEPI, respectivamente, considera que para analizar la viabilidad de Plus Ultra no era necesario hacer un análisis retrospectivo y que, en lo que respecta al préstamo, no tienen nada que objetar.
Los expertos que avalaron el rescate han dejado claro que ellos no autorizaron la ayuda de 53 millones de euros. Su cometido se ciñó a dictaminar que la compañía era merecedora de recibir estos fondos públicos. La decisión, en última instancia, compete al consejo gestor del holding público que está imputado en este procedimiento penal. De otro lado han dicho a preguntas de las acusaciones (que ejercen PP, Manos Limpias y Vox) que no son auditores de las cuentas de Plus Ultra, sino que han valorado el escenario y el plan de viabilidad comprometido por la compañía.
Otra de las divergencias ha surgido en relación a las cuentas de 2019. De nuevo aquí los peritos independientes han vuelto a mostrar sus dudas en relación a la contabilización del arrendamiento de un avión en ese año. Los expertos han explicado que la calificación de este arrendamiento como financiero en lugar de operativo reportó a Plus Ultra unos beneficios mal contabilizados. En su informe remitido al juzgado apuntaron a una posible incorrección en las cuentas de 2019 de 6,3 millones de euros.
Crisis antes de la pandemia
Según razonaron entonces, el avión que la aerolínea usó para pagar una deuda de 9 millones de euros a unos bonistas no debía haberse contabilizado como un beneficio de 6,3 millones porque el valor contable de la aeronave era de 2,66 millones. Frente a este criterio se sitúa el de los peritos de Deloitte y DC Advisory, que mantienen que la firma no presentaba problemas de solvencia hasta 2019. Más bien al contrario, consideran que no se puede concluir que la firma estuviera en causa de disolución o en concurso de acreedores.
Según razonan, la compañía que opera vuelos de larga distancia a países como Venezuela, Ecuador y Perú, contaba con actividad, con pasajeros y con volumen de negocio hasta la irrupción de la pandemia en marzo de 2020. Del mismo modo también han defendido el tercero de los puntos tratados este martes y que ha generado discordia: las provisiones de 1,8 millones de euros por pleitos judiciales. Los peritos del juzgado han explicado que deberían haber tenido reflejo en la cuantificación del patrimonio neto a fecha de 31 de enero de 2020.
Los expertos contratados por la SEPI difieren. Según las fuentes consultadas por este diario han explicado que la cuantía se apartó en caso de necesidad pero que finalmente no tuvo que hacer uso de estos fondos. Por todo ello han reiterado que Plus Ultra era una empresa a finales de 2019 viable y que no estaba en crisis. Ahora, tras escuchar a las dos partes, la magistrada decidirá si propone más diligencias de investigación o, por el contrario, archiva la causa tal y como ha solicitado la Fiscalía.
