Hace un año el Gobierno aprobó un plan de 1.100 millones de euros de los fondos europeos para situar la lengua española en la vanguardia científica y tecnológica. Pretende, mediante la Inteligencia Artificial, que las nuevas tecnologías entiendan y se expresen en español. Trece meses después solo se ha dispuesto de 7,5 millones de aquella cantidad, un 0,68%, y destinado a las lenguas cooficiales. El ambicioso proyecto "Nueva Economía de la Lengua” se ha limitado hasta la fecha a programas para català, euskera, galego y valencià, y careciendo de previsiones para el primer semestre de 2023. Ese es el estado de uno de los PERTE del Plan Nacional de Recuperación comprometido, además, con la igualdad de género para "la no discriminación de los algoritmos”.

Detrás de la Nueva Economía de la Lengua se encuentra el objetivo de incorporar la lengua de Cervantes al desarrollo tecnológico con técnicas de procesamiento del lenguaje que aporten a la Inteligencia Artificial (IA) un gigantesco corpus lingüístico. Eso, no obstante, va a tener un efecto colateral para los hispanohablantes: la consagración cibernética del lenguaje inclusivo, de las formas de expresión propias del pensamiento identitario opuestas a la claridad y fluidez  comunicativa. A ese respecto destaca el requisito del “Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Nueva Economía de la Lengua” de alineamiento con la igualdad de género, incluso en “aspectos tecnológicos”. Salvo que los responsables del Perte de la Lengua piensen que un algoritmo tiene género, lo que buscar el requisito más abajo reproducido no es tanto evitar que el procesamiento del lenguaje recoja expresiones perniciosas sino que incluya sesgos contrarios al llamado lenguaje inclusivo que, vía inteligencia artificial, se incorporen a las máquinas que podrán expresarse en español.

Se avecina un corpus lingüístico para la IA repleto de las construcciones con las que el identitarismo ha contagiado el léxico oficial, abusando del desdoblamiento en masculino y femenino a costa del plural genérico de uso común. Es un lenguaje opuesto a las recomendaciones y reglas de la Real Academia Española, que se manifestó clara y rotundamente en las 156 páginas con las que respondió en 2018 a la petición de adecuar el texto de la Constitución a la visibilidad de las mujeres. Paradójicamente, es la misma Real Academia que ahora participa destacadamente en la incorporación del español a la IA bajo el requisito de evitar la discriminación de género en los algoritmos.

Las cruzadas identitarias más la necesidad del Gobierno de contentar a sus socios nacionalistas han confluido en el destino de una porción de los 1.100 presupuestados para Nueva Economía de la Lengua a las lenguas cooficiales. Su aprobación en Consejo de Ministros en marzo 2022 dispone que, como reflejo “de la voluntad integradora y plurilingüe (…) al menos 30 millones se destinarán en exclusiva a apoyar proyectos en lenguas cooficiales”. Eso se ha materializado en que la única partida aprobada hasta la fecha para la Nueva Economía de la Lengua ha sido de 7,5 millones € para los corpus lingüísticos en català, euskera, galego y valencià, con los siguientes proyectos y cantidades:

-AINA, de la Generalitat/Barcelona Supercomputing Center (3 millones €).

-GAITU de Hizkuntza Teknologiako Zentroa, U. del País Vasco (2 millones €). 

-NÓS de la U. de Santiago de Compostela (2 millones €).

-VIVES de la U. de Alicante (500.000 €).

La lengua española, eje nuclear del conocido como Perte de la Lengua o Perte del español, queda fuera de lo hasta ahora dispuesto de los 1.100 millones. Sin embargo está en marcha el programa Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), por un convenio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Real Academia Española, que dota a la institución dirigida por Santiago Muñoz Machado con 5 millones de euros. El rancho aparte para la Real Academia en la distribución de recursos procede de marzo de 2019, cuando el Ministerio de Ciencia concedió a la RAE 5 millones de euros para su modernización y nuevos proyectos. Cinco meses más tarde recibió por concesión directa del mismo ministerio una subvención plurianual hasta 2022 por un total de 16.661.290 €. Y en 2022 se le han añadido los 5 millones del convenio para el programa LEIA que el director de la RAE fraguaba desde dos años antes y que, extrañamente, se presenta como "primer hito del PERTE Nueva Economía de la Lengua", cuando en realidad LEIA es muy anterior y la subvención última de 5 millones no correspondió al citado Perte, fue a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

El protagonismo de la Real Academia en la Nueva Economía de la Lengua lo ha conseguido Muñoz Machado por méritos propios y por jugar una baza política del agrado de Pedro Sánchez. Supo sacar a la docta institución de su ostracismo económico con subvenciones del Gobierno mantenidas en el tiempo, coincidiendo con el silencio de la RAE ante la eliminación del español como lengua vehicular en la enseñanza y las demás medidas discriminatorias de gobiernos nacionalistas, como el catalán, incumpliendo el 25% de enseñanza en castellano.

Muñoz Machado, además, consiguió que en 2022 la catedrática de Inteligencia Artificial y vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid, Asunción Gómez Pérez, fuera elegida para el sillón “q" de la Academia tras una polémica sobre su idoneidad. Un año antes de ser elegida Gómez en la RAE,  la Politécnica autorizó un contrato con “el empresario Santiago Muñoz Machado”, en virtud del cual se adjudicó directamente a la empresa Muñoz Machado Abogados, S.L. un servicio de asesoramiento por importe de 15.000 €, dándose la circunstancia de que Santiago Muñoz Machado no figura en los datos registrales de esa firma de abogados. La académica electa Gómez Pérez participa activamente en los programas sobre procesamiento del lenguaje e IA. 

Las singularidades e incumplimientos con los fondos de recuperación para la Nueva Economía de la Lengua no se limitan a que un año después solo se haya dispuesto de 7,5 de los 1.100 millones presupuestados. En el Congreso de la Lengua en Cádiz y en cuantas ocasiones se le presentan, la vicepresidenta Nadia Calviño habla de inversiones aprobadas en 2022 y previstas para 2023, de las que no hay soporte documental. Tanto en el Avance de ejecución de los PERTE a 18 de diciembre de 2022 como en el III Informe de Ejecución del pasado febrero, asoman nuevas contradicciones e imprecisiones, como: 

-Se dan cifras de “fondos públicos disponibles” (699 millones) y “fondos públicos movilizados” (298 millones), no de los aprobados, adjudicados o ejecutados. Y se citan “14 proyectos estructurantes” sin identificar.

-Bajo el título “Avances en las principales convocatorias” aparecen los 7,5 millones para lenguas cooficiales, los 5 millones para el programa LEIA que no ha sido convocado ni dotado desde el Perte de la Lengua y  tres acciones genéricas sobre digitalización en materiales de enseñanza y videojuegos.

La imprecisión y el desconcierto vienen de origen: la aprobación del Perte del español amparado en los fondos que vienen de Bruselas incluía un presupuesto de 1.100,6 millones desagregado por áreas e iba acompañada de un cronograma de actuaciones sorprendentemente vacío, según reflejan los cuadros de la Memoria técnica sobre estas líneas. Como si el Gobierno español supiera cuánto dinero quiere invertir desconociendo cómo, cuándo y dónde  hacerlo. 

 Las incógnitas sobre la gestión no las despeja el informe Cumpliendo, presentado por la vicepresidenta Calviño el 29 de diciembre último, y crecen al comprobar que para la Nueva Economía de la Lengua solo ha habido una convocatoria ya cerrada (la de 7,5 millones para lenguas cooficiales) y no hay ninguna pendiente, ni siquiera en las casi 200 licitaciones y subvenciones del Plan de Recuperación y Transformación programadas para el primer semestre de 2023. Tampoco el último boletín semanal (25 a 31 de marzo) del Plan de Recuperación recoge alguna.

Los balances de gestión ya citados y las declaraciones de Nadia Calviño presumen de otros logros que aún no son realidad. Entre ellos el Observatorio Global del Español, dotado con 3,9 millones y ligado al Instituto Cervantes, más el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua, con inversión de 44 millones €, 20 del PERTE y 24 del gobierno riojano. Esos dos centros que conformarán el Valle de la Lengua, en La Rioja, están envueltos en la incertidumbre: en diciembre el presidente del Gobierno prometió en San Millán de la Cogolla el Centro de Inteligencia, en febrero la presidenta riojana se refería al mismo en futuro y a final de marzo un responsable del Perte del español afirmaba en El Mundo que ya está en marcha, sin que haya noticia de haberse formalizado su financiación. A ello se suma que el mismo día que el presidente Sánchez hacía ese anuncio en La Rioja, firmaba con el director del Instituto Cervantes un “acuerdo para el Observatorio Global del Español”, cuando se trata de un organismo creado seis meses antes.

También discurre entre promesas sin concretar un Centro Internacional del Español en la Universidad de Salamanca, dotado con 2,5 millones, adelantado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital ante el Consejo Consultivo de la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, uno de los cuatro órganos de coordinación y consulta creados en 2022 con un rendimiento desigual:

-Consejo Consultivo de la Alianza por la Nueva Economía de la lengua. Con 36 miembros, entre ellos rostros populares como Elvira Lindo, Rozalén, Juan Diego Botto, Cayetana Guillén-Cuervo o Méndez-Leite, junto a escritores y destacados profesionales de la ciencia y la tecnología.

-Comisionado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua. Dirigido por la comisionada Cristina Gallach, con rango de subsecretaria, y formado por representantes de seis ministerios más la RAE, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional y la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. 

-Foro de la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua. Ha celebrado una reunión, en septiembre de 2022, con un centenar de empresarios.

-Grupo de Trabajo del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, dependiente del Comisionado Especial. Ha mantenido tres reuniones durante 2022.

En esos comités, más deliberativos que ejecutivos, está representado el Instituto Cervantes, habitualmente en la persona de su director, Luis García Montero. La relación de ese organismo con la Nueva Economía de la Lengua tampoco es clara. A los centros citados en La Rioja bajo su dependencia, se añade que a la institución en manos de García Montero le corresponde un “proyecto tractor” del PERTE referido a su Programa de Digitalización, que al parecer existe desde 2021 y ahora renace como receptor de 38 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación, de los fondos Nex Generation o del Perte del español, indistintamente. 

El Cervantes asegura que ha puesto en marcha “cerca de 20 proyectos y destinado más de 24 millones de euros”. En la Plataforma de Contratación del Sector Público solo figura un contrato parcialmente resuelto en 2022 para equipos audiovisuales, por valor de 6,46 millones con cargo a los Nex Generation. Y en el presente año tiene pendientes  cuatro licitaciones para diferentes servicios de digitalización por importe superior a 2,67 millones. En lo que va de 2023 el Instituto solo ha resuelto una licitación, ajena a los fondos europeos, de 40.000 € para “reconocimiento ginecológico y urológico de las trabajadoras y trabajadores del Instituto” en Madrid y Alcalá de Henares.

Ante la próxima celebración, el 23 de este mes, del Día de las Letras y homenaje a Cervantes con la entrega del Premio que lleva su nombre, es posible que desde alguna instancia política, académica o cultural se aluda a la ambiciosa estrategia de Nueva Economía de la Lengua para hacer, entre otras cosas, que la Inteligencia Artificial se desenvuelva en español. Sería buena ocasión para dar cuenta más precisa sobre la gestión y resultados de los 1.100 millones de fondos de la Unión Europea.

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