La movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca empieza a generar inquietud entre los diputados del Grupo Popular, el principal objetivo del "escrache", esto es, una fórmula de protesta que consiste en acudir las domicilio del parlamentario o seguirle en su actividad diaria, sea pública o privada, al objeto de presioinarle para que vote en el Congreso a favor de las medidas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exige, entre otras cosas, la dación en pago con carácter retroactivo, un parque social de vivienda y la paralización de todos los procesos de desahucio.
El capítulo del pasado miércoles, en que un grupo de activistas de Valencia acudió al domicilio del vicesecretario de Estudios y Programas del PP y también diputado nacional, Esteban González Pons, acabó en denuncia en la comisaria del Congreso. González Pons no estaba siquiera en Valencia sino en Madrid y en casa se encontraba su familia. El parlamentario denunció coacciones para condicionar su voto en la Cámara, derecho que está amparado para los parlamentarios, de ahí que no se puedan convocar manifestaciones a las puertas de las Cámaras y que el público que asiste a los debates tenga que hacerlo en silencio, sin si quiera aplaudir.
Lo más curioso es que a Esteban Gonzáles Pons le surgieron defensores incluso entre las filas socialistas y de Izquierda Unida. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, señaló que "Indudablemente, las coacciones no me pueden parecer bien, sea al diputado que sea". Pero es que hasta el líder de IU, Cayo Lara, dijo "no compartir" el "escrache" como forma de presión aunque matizara que lo que está sucediendo respecto a los desahucios "es muy grave, y hay que vivirlo en la piel de los que lo sufren. Por eso hay actitudes que puede ser comprensibles". Lara vivió en sus carnes el rechazo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuando acudió a impedir un desahucio y fue expulsado con cajas destempladas.
Un diputado autonómico de IU llama a González Pons "criminal social" aunque su jefe de filas, Cayo Lara, dice no compartir la protesta ante los domicilios de los parlamentarios
No es de la misma opinión que su jefe de filas el diputado de IU de las Cortes valencianas Ignacio Blanco, quien en un twitter justificaba a la Plataforma valenciana bajo el argumento de que "su lucha es pacífica pero firme contra los criminales sociales", categoría en la que incluyen a González Pons y todos aquellos que no aprueben su propuesta. También anunció Blanco que los antidesahucios se querellarán contra el dirigente popular por injurias y calumnias.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, indicó que la protesta "forma parte del dialogo democrático con los ciudadanos" pero que "hay un límite y es la violencia y eso es lo que no vamos a consentir. Cualquier expresión de rechazo, de protesta o de queja ha de ser pacífica. Si se cruza la raya de la violencia estaríamos en otra situación". Sin embargo, no está previsto, al menos por el momento, que el Grupo Popular tome algún tipo de iniciativa si es que puede hacer algo para parar este tipo de protesta que no dudan en calificar a acoso y de intimidación. Admiten que "esto va para largo" pero que "todavía no han partido la cara a nadie".
Fuentes parlamentarias del Grupo Popular indicaron a Vozpópuli que "la cosa va para largo" y que, "de momento no han partido la cara a nadie".
