La Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde a Manos Limpias para que litigue en la causa contra Plus Ultra. El órgano ha corregido la decisión de la instructora y le autoriza para ejercer la acusación popular en este procedimiento penal junto con el Partido Popular y Vox. El sindicato fue el que denunció ante los tribunales la inyección de 53 millones de euros que recibió la aerolínea, sin embargo fue apartado del caso en un primer momento.
La magistrada que asumió la denuncia contra el Consejo Gestor de la SEPI, Esperanza Collazos, no permitió a Manos Limpias figurar como acusación al no cumplir con los requisitos exigidos. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid corrige este criterio, según consta en dos autos del pasado 11 de diciembre a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Los magistrados de la Sección Segunda que han estudiado el asunto concluyen que no tiene que abonar una fianza porque el procedimiento ya está arrancado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 inició la causa por el millonario rescate de la aerolínea con fondos públicos pero exigió a los partidos que quisieron personarse como acusación popular que presentaran querella formal y fianza. En el caso de Manos Limpias, la Audiencia de Madrid dice ahora que no procede exigirles caución porque esta causa ya ha arrancado. Además, explica que "tratándose de un delito público", le permite la personación, tal y como recoge el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"En nombre de la ciudadanía"
Ello quiere decir que puede integrarse en esta causa que se sigue en los juzgados de Plaza Castilla "mostrándose parte como adhesión en nombre de la ciudadanía". De este modo el sindicato sortea el pago de 5.000 euros que le impuso la instructora Collazos y se adhiere al procedimiento en un momento en que éste se prepara para escuchar en sede judicial a los peritos que han elaborado los informes relativos al desembolso de esta ayuda reservada para empresas estratégicas afectadas por la covid.
En declaraciones a este medio, el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, explica que, de las primeras noticias aparecidas en prensa tras la autorización del rescate, les pareció que había "tintes de presunción de culpabilidad". Por ese motivo se interpuso la denuncia en los tribunales. Además, asegura que en un principio se les intentó poner "obstáculos" para desistir de acusar a la compañía y por ello lo recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid.
"Ya estamos en este caso de presunta corrupción no solamente nacional sino también internacional y estamos como la única acusación popular que no tiene ningún interés político", explica, e insiste que el sindicato no quiere sacar rentabilidad de la acusación, sino ejercer la legalidad vigente. En su denuncia inicial apuntaron a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias en relación a esta ayuda que autorizó la SEPI. Por ello se dirigieron contra el vicepresidente de este holding, Bartolomé Lora, y el resto de miembros del Consejo Gestor que votó este desembolso.
Cita clave en enero
Además, también cuestionaron que considerasen estratégica a una empresa que opera con el 0,03% de los vuelos en España y que transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales. La denuncia recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 15 y su titular accedió a estudiar los hechos. Desde entonces, el procedimiento ha ido adhiriendo documental solicitada a Hacienda, a la propia compañía, a la SEPI y a otros órganos con el fin de esclarecer si realmente era merecedora de esta ayuda que se repartió en dos tramos: uno primero de 19 millones de euros y otro de 34 millones.
Sin embargo, uno de los documentos más relevantes con los que cuenta la causa es el peritaje independiente ordenado por el juzgado. La divergencia entre sus conclusiones y las plasmadas por el contable al que recurrió la aerolínea, llevaron a la magistrada a acordar para el 18 de enero un careo entre ambos expertos para que pongan sobre la mesa las conclusiones de sus trabajos teniendo en cuenta que no son del todo idénticas.
Al respecto cabe destacar que el equipo legal encabezado por Pedro Martín Molina y que realizó el informe a petición del juzgado, advirtió que la compañía pudo haber incurrido en "irregularidades" que afectarían a sus cuentas de 2019. Ello tendría una incidencia directa en la solicitud del rescate ya que uno de los requisitos exigidos era tener el balance saneado en ese ejercicio. Al respecto, el perito puso el foco en que la compañía calificó el arrendamiento de un avión como operativo en vez lugar de operativo.
El papel de la Abogacía
El resultado de este movimiento, que se hizo para saldar una deuda con "bonistas" de 8,9 millones de euros, fue que se reportó una ganancia en sus cuentas de 6,34 millones, siendo que el valor contable del avión era de 2,6 millones. Con todo, el perito también advirtió que dos años antes la aerolínea vinculada a la esfera chavista canalizó un préstamo en 2017 en el paraíso fiscal de Dominica. Sobre este punto, el experto precisó que la línea de crédito de 6,3 millones de euros que recibió del banco Panacorp fue clave porque salvó a Plus Ultra de su disolución, si bien alertó de que el dinero se depositó en un paraíso fiscal.
Por su parte, la Abogacía General del Estado y Fiscalía han jugado un papel activo en este procedimiento penal. Tanto los servicios jurídicos del Gobierno como el Ministerio Público defienden la necesidad de la ayuda pública y descartan que fuera necesario este peritaje independiente. De hecho, la Abogacía aseguró que las conclusiones del experto eran "gratuitas y temerarias" y amagó incluso con que se podrían invalidar. Según alegan, los informes de los expertos estudiados por la SEPI eran más que suficientes para justificar la autorización del préstamo.
