La magistrada Esperanza Collazos mueve ficha en la causa abierta por el rescate de Plus Ultra. La instructora se ha dirigido a todas las partes que litigan en este procedimiento por malversación y fraude para pedirles su valoración sobre el careo de peritos de la semana pasada. El objetivo de la juez es recabar el criterio de todos los protagonistas de esta causa (entre ellos la Fiscalía, el Gobierno o las acusaciones) antes de tomar una decisión sobre el futuro de la misma.
Así lo acuerda en una providencia en la que anuncia que da un plazo de diez días a todas las partes para que formulen alegaciones del careo. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid adjunta un CD con la diligencia de la semana pasada. Los peritos independientes del juzgado evidenciaron sus dudas sobre el rescate frente a los expertos de la SEPI que avalaron la entrega de 53 millones de euros.
La magistrada quiere contar con la opinión de todos los protagonistas de esta causa en la que se dirime si Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir tal inyección de dinero público o si, por el contrario, los miembros de la SEPI incurrieron en algún tipo de ilícito penal. Desde el arranque de las diligencias en abril, la instructora se ha dedicado a recabar información crucial sobre la situación de la compañía, sus verdaderos dueños y sus cuentas en Hacienda. Asimismo, adhirió también los informes de los asesores legales y financieros del holding público que respaldaron el desembolso de los 53 millones de euros.
Respuestas pendientes
No obstante, consideró pertinente que el juzgado contara con su propio análisis independiente sobre los pormenores de esta ayuda que se comenzó investigando a tenor de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. Es por ello que encargó a Martin Molina Abogados que valorase la verdadera situación de la mercantil en aras a esclarecer si era o no merecedora de esta ayuda. El trabajo final del despacho cuestionó algunos aspectos clave de la compañía (como las cuentas del ejercicio 2019 o la naturaleza de un préstamo que gestionó en un paraíso fiscal) y así lo trasladó en su informe final.
Tras analizar el contenido del peritaje y contemplar las discrepancias entre ambos trabajos decidió ordenar un careo para que los expertos plasmaran sus conclusiones. De este modo dejó en el aire la resolución de algunas cuestiones clave como la petición de la Fiscalía de archivar la causa o la de la Abogacía General del Estado, que defiende al consejo asesor de la SEPI que autorizó el rescate. Los servicios jurídicos del Gobierno preguntaron a la juez que determinara las personas que eran objeto de investigación en esta causa penal, de la que también pide su fin.
Cuestiones todas ellas que resolverá la magistrada Collazos mientras recaba las alegaciones de los protagonistas de este procedimiento. Entre ellos se encuentran, además de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, la compañía Plus Ultra, que también ha solicitado el archivo del procedimiento. Frente a ellos litigan las acusaciones populares que integran Partido Popular, Vox y el sindicato Manos Limpias. Todos se pronunciarán ahora sobre el careo de los peritos que se centró principalmente en tres cuestiones: las cuentas del año 2019 (estudiadas para autorizar el rescate), la gestión de un préstamo en un paraíso fiscal y las provisiones destinadas a proyectos judiciales.
Plus Ultra en 2019
Estos fueron los aspectos en los que los peritos de ambas partes chocaron en sus conclusiones. En lo que respecta a las cuentas de 2019, los expertos del juzgado alertaron de una posible incorrección en las cuentas que, según su trabajo, podría ascender a 6,3 millones de euros. Estos peritos mostraron sus dudas en sede judicial en relación al arrendamiento de un avión ya que la aerolínea reportó unos beneficios millonarios en esta operación que se anotó en las cuentas de 2019, las mismas que debían estar saneadas como requisito indispensable para acceder a la ayuda.
Los expertos explicaron que la firma se anotó un beneficio de ese importe por la venta de un avión valorado en 2,6 millones. El motivo reside en que con esta operación cancelaron una deuda con bonistas (cuya identidad se desconoce) que ascendía a los 8,9 millones de euros. Por ello, cuestionaron que se calificase esta operación de arrendamiento operativo cuando en realidad parecía que se trataba de un arrendamiento financiero. Por contra, los expertos de Deloitte y DC Advisory (en calidad de asesor legal y financiero de la SEPI) insistieron en que la firma tenía buenos datos de vuelos y de pasajeros y que la crisis se produjo con motivo de la pandemia.
En segundo lugar, los peritos independientes del juzgado cuestionaron la gestión de un préstamo participativo de 6,3 millones en un banco del paraíso fiscal de Dominica. Según explicaron, era llamativo que las condiciones pactadas implicaran que parte de ese préstamo no pudiera tocarse de la cuenta bancaria. Además, recordaron que esa cuantía reforzaba los fondos propios o el patrimonio neto de la compañía en un momento en que sus cuentas eran negativas. Por todo ello terminaron concluyendo que la aerolínea, a fecha de 31 de diciembre de 2019, estaba en causa de disolución.
Los peritos de la SEPI, por contra negaron que se le ocultara información o que contara con documentos que les hicieran pensar que la empresa, a esa fecha, no era solvente. Con todo dejaron claro que ellos no son los auditores de las cuentas y que tampoco valoran la autorización del rescate, sino que su trabajo consistió en valorar si Plus Ultra era o no merecedora de recibir estos 53 millones de euros. Al respecto, también dejaron claro que no era necesario hacer un análisis retrospectivo de las cuentas (como sí hicieron los peritos independientes) para analizar si cumplía o no con los requisitos.
El tercer y último punto de discordia se ciñó a las provisiones de 1,8 millones de euros para pleitos judiciales. Mientras los expertos del juzgado sostienen que esta cuantía debería haber tenido reflejo de la cuantificación del patrimonio a fecha de 31 de enero de 2020, los peritos de Plus Ultra replicaron que era un monto que se apartó para hacer frente a pleitos pendientes pero que finalmente no se recurrió a él. Ahora, la valoración queda en manos de los protagonistas de la causa que se dividen entre los que quieren seguir adelante con las diligencias y la compañía, el Gobierno o la Fiscalía que piden su archivo.
