Podemos quiere que la tragedia de Angrois, que dejó 81 muertos y más de 100 heridos, no caiga en el olvido. Dos años después del dramático siniestro, la formación de Pablo Iglesias se ha puesto a disposición de familiares y amigos de las víctimas del Alvia 04155, que mantienen su particular batalla contra el Ministerio de Fomento. En concreto, ha sido el círculo de Podemos Alcorcón el que se ha hecho eco de sus principales reivindicaciones, que pasan por exigir "más imputaciones" -sólo está acusado el maquinista del tren- y depurar responsabilidades entre altos cargos de Adif y Renfe.
Desde este círculo quieren que el asunto llegue al Congreso de los Diputados en la próxima legislatura, para lo que reclaman la apertura de comisión de investigación. En concreto, Podemos Alcorcón demanda que la Cámara Baja "analice con luz y taquígrafos las causas que motivaron el accidente" del 24 de julio de 2013. "Si se quiere cambiar la forma de hacer política, lo primero que hay que hacer es tener transparencia, a la que tenemos derecho todos los ciudadanos en todos los ámbitos de gestión, pero mucho más cuando hay 81 fallecidos y muchas familias destrozadas que lo único que han recibido hasta ahora de las instituciones han sido mentiras, humillaciones y premios a los posibles responsables políticos", señala la formación morada.
"Si se quiere cambiar la forma de hacer política, lo primero es tener transparencia", sostiene Podemos
Desde esta agrupación madrileña de Podemos relatan que un representante de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 acudió este domingo a la asamblea del círculo Podemos Alcorcón y les pidió su apoyo, a lo que accedieron. En junio del año pasado, el Ministerio de Fomento, dirigido por Ana Pastor, concluyó que el accidente fue culpa del maquinista y descartó cualquier responsabilidad política. Sin embargo, familiares de las víctimas apuntan a la gestión de los dos principales partidos en los dos últimos Ejecutivos. Acusan al PSOE de abrir una línea "sin terminar y sin hacer las pruebas pertinentes, con un cambio de proyecto que rebajó la seguridad", mientras que con "el Gobierno del PP, se desconectó el sistema de seguridad".
El pasado 23 de julio, el Grupo Parlamentario del PP de Galicia rechazó la convocatoria de un pleno para debatir la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois en el Parlamento gallego. La iniciativa partió en este caso de BNG y AGE, como en veces anteriores, donde los populares se opusieron y los socialistas optaron por la abstención. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, subrayó que se conocen datos nuevos desde la última vez que se llevó esta petición al pleno (informes e incluso las conclusiones de la subcomisión del Congreso de los Diputados) y recordó que "no dimitió ningún responsable político". Asimismo, añadió que incluso "algunos fueron premiados", en alusión al actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, que era secretario de Estado de Infraestructuras entonces.
Por su parte, el portavoz popular Alejandro Gómez Alonso calificó de "inmoral" la insistencia de la oposición en este asunto, a la que reprochó su propósito de sacar "réditos políticos" del accidente ocurrido en Angrois. En ese sentido, el diputado regional del PP enfatizó que su partido "no entra en el juego de manipular a las víctimas".
Esperanzas en el instructor
La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha pedido al último juez que instruye la causa, Andrés Lago Louro, que no les "defraude". El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago sustituyó en junio de 2014 al magistrado Luis Aláez, quien llegó a imputar a doce exdirectivos de Adif como "potenciales autores" de un delito de contra la seguridad colectiva y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. La Audiencia Provincial de A Coruña levantó estas imputaciones al entender que los informes periciales no suponía una prueba de cargo suficiente.
El tribunal admitió que la falta de ERTMS en el tramo en el que se produjo el siniestro de Angrois suponía una "merma de seguridad" e incluso una "conducta peligrosa", pero recalcó que, según la normativa, no "constituye una infracción", dado que "no existe un deber normativo" en su instalación. El juez Lago encargó después seis peritajes, que ya obran en su poder. El pasado julio admitió un segundo informe de la defensa del maquinista del tren, Francisco José Garzón.
