Podemos ha entregado este lunes al juez que investiga la presunta financiación ilegal del partido en el caso Neurona diverso material, incluidos billetes de avión, los lugares donde se alojaron y vídeos, para intentar acreditar que el personal de la consultora política trabajó en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
La formación 'morada' ha enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid un listado de 21 personas a las que identifica como "integrantes del equipo de Neurona que vinieron a desarrollar presencialmente trabajos para la campaña electoral del año 2019", según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, ha aportado sus datos personales --nombre, apellidos y pasaporte-- y sus fechas de llegada y salida a España, precisando las funciones que habrían desempeñado en la campaña electoral.
Podemos ha acompañado este listado de justificantes de billetes de avión, de los lugares donde se hospedaron y de vídeos y fotografías que mostrarían a estas personas trabajando tanto en el local de la calle Maudes de Madrid donde se ubicó el equipo de campaña como en los actos electorales.
Derecho a la defensa
Por otro lado, Podemos ha culpado al juez Juan José Escalonilla que investiga la presunta financiación ilegal del partido en el caso 'Neurona' de limitar su derecho a la defensa de forma "innecesaria" al abrir una pieza secreta para indagar movimientos de dinero, donde tanto el instructor como la Policía ven un vínculo entre un pago de 26.000 euros al ex dirigente 'morado' Juan Carlos Monedero y la creación y contratación de la consultora política.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación política carga contra Escalonilla por su decisión del pasado mes de septiembre de abrir una pieza secreta del caso 'Neurona' para, según explicó en sus autos, evitar "interferencias o manipulaciones" que puedan comprometer la investigación", sobre todo en relación con las cuentas bancarias "al poder realizarse nuevos movimientos de cara a desvirtuar la finalidad y trascendencia jurídica de movimientos previos".
La organización 'morada' ha recordado que las pesquisas secretas "se iniciaron por una 'alerta' de una transferencia bancaria supuestamente sospechosa, que habiendo sido realizada hace más de un año y medio atrás, merecían ahora la atención y el estudio urgente por parte de la UDEF", la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Una factura "falsa"
Se ha referido así a los 26.200,31 euros que Monedero cobró de Neurona Consulting --la matriz mexicana de la española Neurona Comunidad-- en base a una factura que la UDEF y el juez califican de "falsa" y que relacionan con la creación de la mercantil española y con su contratación por parte de Podemos para la campaña electoral de 2019.
Para Podemos, "la limitación del derecho de defensa de las personas investigadas" que supone declarar secretas las actuaciones judiciales "ha resultado innecesaria", argumentando que "es de público conocimiento el que los datos de las transferencias bancarias son prácticamente imposibles de manipular, quedando rastro de toda actuación".
Ha aludido en concreto a la transferencia recibida por Monedero de Neurona Consulting el 25 de enero de 2019, para subrayar que "difícilmente puede desvirtuarse, cancelarse o retrotraerse una transferencia bancaria recibida casi dos años atrás".
En todo caso, ha recalcado Podemos, "cualquier vano intento que, en la intuición del ilustrísimo señor magistrado-juez instructor, fuera encaminado a deshacer o manipular ese supuesto hecho delictivo, se estaría haciendo en vivo y en directo en el transcurso de la instrucción", por lo que sería una "conducta estéril".
Fundamento "nulo"
Además, Podemos ha estimado que "la limitación del derecho de defensa de las personas investigadas que se ha impuesto no se compadece ni con la entidad de los hechos investigados ni con la trascendencia de las diligencias de investigación interesadas", aduciendo que "un presunto delito electoral no parece que tenga la suficiente entidad como para limitar de forma tan grave un derecho fundamental" y que algunas de las diligencias secretas eran similares a las conocidas.
También ha criticado a Escalonilla que "las personas investigadas han acudido a declarar en el ejercicio pleno --o no tanto-- de su derecho a la tutela judicial efectiva" siendo solo conscientes de unas investigaciones, sin que hayan podido dar explicaciones sobre la parte secreta, con lo que considera que se ha "perturbado" el derecho a la defensa.
Con todo ello, Podemos ha indicado que "debe reputarse nula o muy deficitaria la fundamentación de la medida limitativa del derecho fundamental a la defensa". "Entendemos que no concurría la circunstancia habilitante para la medida acordada, carecía de la motivación suficiente y ha limitado innecesariamente el derecho de defensa de las personas investigadas, generando indefensión", ha concluido.
"Facultades adivinatorias"
Por otro lado, el partido de Pablo Iglesias ha sostenido que "las conclusiones de la UDEF no han podido constatar en la pieza secreta nexo alguno con el objeto del presente procedimiento".
A este respecto, ha querido destacar que cuando se emitió la factura que justificaba el pago a Monedero, el 30 de diciembre de 2018, "era materialmente imposible asegurar que fuera a producirse una convocatoria de elecciones generales en los meses siguientes", algo que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo ya en febrero de 2019.
"Entonces", ha razonado la formación política, "es inevitable plantearnos que o los investigadores no han tenido en cuenta el contexto de la política española en ese lapso temporal --y en efecto, ese extremo no merece atención alguna en su informe-- o que por el contrario les han otorgado a ambas partes facultades adivinatorias sobre un hecho desconocido --la convocatoria de elecciones generales que llevó a la constitución y contratación de Neurona--".
Medidas "correctivas"
En su escrito, Podemos también ha solicitado al juez que adopte "medidas correctivas o disciplinarias" por las filtraciones a la prensa que se han producido de la pieza secreta para evitar que se repitan.
En su opinión, se trata de "filtraciones interesadas" cuyo propósito sería "mostrar a las personas sospechosas como directamente culpables, preparando ya un escenario mediático de condena sobre las personas investigadas".
