La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido a reformar la ley del aborto para garantizar y blindar este derecho de las mujeres en los hospitales públicos ante las dificultades observadas en varios centros al acogerse los médicos a la objeción de conciencia.
Es lo que ha escrito Montero en su cuenta oficial de Twitter este miércoles, después de que una geriatra del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) denunciara en la 'Cadena SER' que el centro se negó a practicarle un aborto en la semana 17 de embarazo, pese a que el feto era prácticamente inviable y que su vida corría riesgo, porque "había latido fetal".
Montero ha asegurado que "no es un caso aislado", ya que "ocho de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay comunidades donde ni siquiera se realizan", por lo que cree que es necesario reformar la ley del aborto para "blindar por ley" el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
Ante la denuncia de Marta Vigara, la mujer afectada, el Hospital Clínico San Carlos ha justificado en la objeción de conciencia la negativa de los ginecólogos a practicar esta intervención, por lo que se derivó a la paciente a una clínica autorizada para llevar a cabo la interrupción de su embarazo.
Los médicos se acogieron a la objeción de conciencia
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, ha respaldado la actuación del Clínico.
Pese a tener una de las tasas de abortos más alta de España, Madrid figura entre las cinco comunidades que no han notificado ninguna intervención en centros sanitarios públicos.
Ossorio ha resaltado que los médicos se acogieron al derecho de objeción de conciencia, que es "un derecho fundamental que respetamos", y ha añadido que ante esa situación la Comunidad de Madrid "deriva" a un recurso asistencial donde llevar a cabo el proceso.
Según la geriatra, en el año 2009 todos los ginecólogos de este hospital público suscribieron un documento interno en el que se acogían a la negativa a interrumpir embarazos, por lo que el hospital la derivó a una clínica privada.
El Clínico ha asegurado que los profesionales sanitarios implicados en este proceso se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia, por lo que no realizan interrupciones voluntarias de embarazos y se facilita a las pacientes un recurso asistencial para poder llevar a cabo este proceso.
Vigara ha censurado hoy el "maltrato institucional" al que fue sometida y ha revelado que a pesar de que lo denunció internamente ante el comité de ética y el médico jefe de servicio de Obstetricia, los servicios jurídicos del hospital aseguraron haber seguido todos los protocolos vigentes.
"Inaceptable, vergonzoso e indecente"
Los grupos de la izquierda en la Asamblea, Más Madrid, PSOE y Podemos, consideran "inaceptable, vergonzoso e indecente" que la Comunidad de Madrid no esté garantizando el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en pleno siglo XXI.
Más Madrid ha presentado una queja al Defensor del Pueblo por este hecho, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y está trabajando en una propuesta para asegurar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de la red pública madrileña.
La totalidad de interrupciones voluntarias de embarazos notificadas por la Comunidad de Madrid, por las causas recogidas en la ley del aborto, se hicieron en las siete clínicas concertadas que tienen autorizada esta intervención en la región, según los datos de interrupción de embarazos de 2019 del Ministerio de Sanidad, los últimos disponibles.
Pese a tener una de las tasas de abortos más alta de España, Madrid figura entre las cinco comunidades autónomas que no han notificado ninguna intervención en centros sanitarios públicos.
