La sanidad privada no ha visto venir el jab del PSOE con la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, un golpe que puede ser de knockout para el sector de llevarse adelante las pretensiones de Podemos de endurecer sus términos contra la privatización. Fuentes de la sanidad privada apuntan a Vozpópuli que hay un temor generalizado entre las grandes empresas de que Podemos aproveche la ocasión para imponer su criterio, cosa que ha ocurrido con otros proyectos, y darles la estocada final impidiendo cualquier tipo de colaboración público-privada.
El proyecto legislativo de Carolina Darias, aprobado en el Consejo de Ministros y que ahora deberá pasar el trámite parlamentario, introduce en la Ley General de Sanidad un artículo, derogado en 2003, que limita la capacidad de los hospitales públicos de derivar pacientes a los centros privados. Este diario ha tenido acceso al borrador de la norma y en ella se dispone que "de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y para la prestación de servicios sanitarios, podrán establecer conciertos". La propuesta legislativa llega en un momento en que las listas de espera quirúrgica baten récords a nivel nacional.
De seguir adelante la 'Ley Darias', los conciertos de colaboración público-privada solo podrán firmarse si se cumplen los siguientes requisitos:
- La utilización óptima de los recursos sanitarios públicos.
- La insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones.
- La necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a las que ofrecen los entes sanitarios públicos.
Según fuentes de Podemos, en cambio, esta imposición no "cambiaría nada" el actual modelo de colaboración público-privada en sanidad, "que ahora mismo contribuye al desmantelamiento de la sanidad pública en favor de los intereses de la privada". Juan Antonio Delgado, candidato de Por Andalucía, ha manifestado que la norma "no va a limitar la Ley 15/97, que permite privatizar la sanidad pública, por eso, si en el trámite parlamentario no hay una modificación que limite la privatización de la sanidad, esta ley no va a salir".
En cambio, desde la patronal de la sanidad privada creen que la norma, tal cual la plantea el PSOE, sí va a hacer daño al sector, "que da de comer a 278.000 personas, y atiende a millones de pacientes que son tratados en nuestros centros". "Es una ley que excluye a la privada del Sistema Nacional de Salud, la proscribe, pasando de ser un aliado complementario a algo excepcional", manifiesta a este diario Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada (ASPE).
Es una ley que excluye a la privada del Sistema Nacional de Salud, la proscribe, pasando de ser un aliado complementario a algo excepcionalCarlos Rus, presidente de ASPE
"La medida va a ayudar a sobrecargar unas infraestructuras sanitarias, las públicas, mientras que va a haber centros de titularidad privada prácticamente vacíos", añade. Desde la sanidad privada no entienden la reacción del PSOE con esta ley, ya que modifica una Ley General de Sanidad socialista "de la que siempre se jactan". Si en la sanidad privada ya ven con malos ojos la Ley de Carolina Darias, no quieren imaginar lo que puede suponer que "Podemos meta mano".
Por su parte, la Fundación IDIS, constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez por llevar adelante esta norma: “La magnitud de los problemas existentes en el sistema sanitario público, que requerirían de una auditoría en profundidad, no se puede ver respondido por un discurso cada vez más politizado circunscrito a una supuesta privatización de los servicios sanitarios que, por otra parte, no es real”.
Muface: el objetivo de Podemos
Unidas Podemos lleva varios intentos vía PNL (Proposiciones No de Ley) para frenar los acuerdos público-privados en sanidad. Según los datos del IDIS, la sanidad privada ahorra, como mínimo, 4.689 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS) al contar 9 millones de españoles con seguro de Salud y si se da por hecho un uso mixto de ambas sanidades. Esta realidad no encaja en los esquemas de Podemos, que ven en la norma de Darias una ocasión para rebobinar la cinta y hacer bandera de la desprivatización sanitaria, uno de sus principales frentes de batalla.
De hecho, la formación morada consiguió imponer en el acuerdo de coalición progresista la revisión de "la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y del conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema". Parece que el grupo da pasos hacia este objetivo, algo que le acercaría a otro aun mayor: eliminar el modelo Muface.
Actualmente, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) permite a los funcionarios elegir entre un proveedor sanitario público (la seguridad social) o privado (Adeslas, DKV y Asisa). Actualmente, la gran mayoría elige la atención sanitaria privada, pero Podemos, enfrentándose a los sindicatos, considera que deberían ser tratados solo por la pública. Su PNL fue rechazada en el Congreso, pero con la Ley de Equidad puede forzar una modificación, ya que al PSOE, en la coyuntura actual de crisis con Argelia y rechazo ciudadano in crescendo, lo que menos falta le hace es la enésima crisis con su socio de Gobierno.
Ibero
En la neurona Po_mema todo empieza y acaba con lo "público"...aman tanto a los pobres que los crean por millones....para botón: hispanoamérica.
Amarna
Si desaparece MUFACE y los funcionarios se ven obligados a acudir a la seguridad social para que te vea un médico habrá que pedir cita con seis mese de antelación si la cosa es urgente. Quizás lo que quiere Podemos es que se mueran los pensionistas por falta de atención, así podrán cobrar ellos el dinero de las pensiones
Leonidas
Para que la privada quede sólo para ellos. Menuda gentuza infecta. Son la escoria que vive como parásitos del contribuyente y nos jode la vida. Lástima de guillotinas