El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido al Ejecutivo de que es "claramente previsible" que las medidas adoptadas para combatir el coronavirus "van a tener repercusión en materia expropiatoria". El órgano de gobierno de los jueces ha alertado al Ministerio de Justicia de que el "número importantísimo de medidas de requisa" que se están llevando a cabo durante el estado de alarma "generará conflictos en materia de valoración" una vez lleguen los casos a los tribunales.
La Comisión Permanente del CGPJ ha deslizado la advertencia en uno de los 436 folios que conforman el primer documento del plan de choque para la reactivación de la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma.
Según han explicado los magistrados, una "buena parte" de las medidas adoptadas para combatir la Covid-19 son de índole administrativa y "van a repercutir de manera muy notable en la órbita de intereses de ciudadanos y empresas". De ahí que consideren que dichas medidas generarán "controversias de múltiple índole y, muy probablemente, centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos".
"Requisas temporales" en estado de alarma
En la lista de posibles repercusiones, el Poder Judicial ha incluido aquellas en "materia expropiatoria". Desde el pasado 14 de marzo, cuando se aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma, el Gobierno puede "practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias". El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, avisó el 22 de marzo a sus agentes que no se harían más anuncios de incautaciones de material sanitario y prohibió de forma expresa poner en conocimiento de los medios de comunicación este tipo de operaciones.
Los jueces han estimado que las "medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros (...) generarán conflictos en materia de valoración". Lo mismo ocurrirá en "materia contractual" y en "materia de responsabilidad patrimonial". En este sentido, los magistrados han considerado que tras el levantamiento del estado de alarma los tribunales tendrán que hacer frente a reclamaciones de indemnización por las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para gestionar la crisis del coronavirus.
Según publicó El Confidencial, ya se ha dado aval judicial para la realización de incautaciones de material sanitario a empresas privadas; tal es el caso del Juzgado de Instrucción 1 de Logroño, que autorizó la intervención de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes de nitrilo a una mercantil afincada en La Rioja que ha presentado recurso.
Preparación de los Juzgados
Ante tal panorama, el Poder Judicial ha alertado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que, además de la posible avalancha de reclamaciones por las expropiaciones, "es previsible el ingreso de un gran número de recursos en materia de responsabilidad patrimonial" en la Audiencia Nacional. Por ello, ha propuesto la modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para "trasladar el conocimiento de determinados asuntos" desde la Sala III a los Juzgados Centrales con la intención de "adecuar el reparto de trabajo entre los órganos de la jurisdicción".
En el marco del plan de choque, los propios jueces han admitido que la regulación del procedimiento contencioso-administrativo "está lastrada por muchas ineficiencias": desde "tiempos muertos perfectamente evitables" hasta la "falta de aprovechamiento" de las nuevas tecnologías. En este sentido, han sugerido "mejorar y flexibilizar el procedimiento abreviado" al excluir las vistas donde no sean necesarias y permitir dictar sentencias de viva voz.
Asimismo, han propuesto que se posibilite la "racionalización" de los escritos de las partes para facilitar la labor de Juzgados y tribunales, que se eliminen los trámites innecesarios en materia de medias cautelares y que se de "legitimación colectiva" a sindicatos y asociaciones "para impugnar determinado tipo de resoluciones en materia de Covid-19", lo que a su juicio "permitirá concentrar en un procedimiento lo que podría ser en contenido de centenares o miles de procedimientos".
El Consejo de la Abogacía Catalana, el Colegio de Abogados de Málaga y el de Aragón, entre otros, han criticado las propuestas y han asegurado que se trata de "un pretexto" del Poder Judicial para imponer reformas procesales.
