Los Mossos d'Esquadra utilizaron 'fondos reservados' sin amparo legal para sus actividades económicas encubiertas. Esta es la principal conclusión del informe entregado este lunes por agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de Cataluña a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga las presuntas actividades ilegales de la policía autonómica catalana y de su anterior máximo responsable, el 'major' Josep Lluís Trapero, según explican a Vozpópuli fuentes policiales.
Los agentes autonómicos que habrían utilizado estos "fondos de reptiles", siempre según las fuentes policiales citadas, fueron los integrantes de la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), un grupo "muy selecto" que se integra en la Comisaría de información de los Mossos d'Esquadra, pero que ya está disuelta.
En concreto, el dinero que los Mossos gastaban al margen del control legal se nutría de partidas que los jefes de la policía autonómica habrían abonado a los agentes de la UCRO para que desarrollaran sus actividades secretas, que fuentes policiales llegan a calificar de forma gráfica como "chapuzas".
Además, el análisis del contenido de los documentos que la Policía Nacional impidió que se quemaran en la incineradora de Sant Adrià del Besòs confirma que los agentes del cuerpo autonómico realizaron seguimientos a dirigentes políticos en Cataluña.
Estos papeles les vinculan, asimismo, con labores de protección del referéndum del 1-O, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les ordenó impedir la votación.
Entre esa documentación que pretendían destruir, la Policía Nacional también halló archivos relacionados con la extinta agencia de detectives Método 3, que elaboró decenas de informes sobre los principales personajes de la vida política, económica y social de Cataluña a petición de sus clientes.
Informe preliminar
Este segundo informe, pues la Policía ya había enviado semanas antes uno preliminar, ha unificado todas las pesquisas sobre las actividades presuntamente delictivas de los Mossos, como por ejemplo los trabajos desarrollados por la unidad de élite de la policía catalana, pero también sobre su inacción en el referéndum del 1 de octubre.
El dosier policial, que fue encargado por la propia juez Lamela tras interceptar la Policía Nacional la furgoneta cerca de la incineradora de Sant Adrià del Besòs, no está totalmente concluido, ya que todavía se están analizando varios documentos interceptados en el vehículo, que ha permanecido inmovilizado en la sede catalana de la Comisaría General de Información desde el 26 de octubre, un día antes de que Carles Puigdemont realizara la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Sin embargo, la policía autonómica ha desmentido de forma rotunda que hayan espiado a políticos y ha afirmado que estas acusaciones no están probadas: "No es cierto que los Mossos hayan espiado a políticos", aseguró a la Agencia Efe una portavoz del cuerpo de la policía autonómica.
Denuncia contra los Mossos
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) estudia denunciar a los Mossos d'Esquadra por el supuesto espionaje a dirigentes políticos y sindicales, como el exlíder de esta entidad Josep Ramón Bosch, lo que ve como un "abuso de poder" propio de un "régimen totalitario" que no tolera la discrepancia.
SCC advierte de que es "inaceptable" que en un sistema democrático haya "encargos de espionaje", como el que, según algunas informaciones periodísticas, hicieron los Mossos al exdirigente de la entidad Josep Ramón Bosch y un dirigente del Sindicato de Policías de Cataluña.
