De objeto de una investigación interna a condecorados al valor. La Dirección General de la Policía ha incluido en la lista de los 176 policías que recibirán en los próximos días, con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, una medalla con distintivo rojo a dos policías salpicados por la polémica. Se trata de los comisarios Florentino Villabona y José Miguel Ruiz Iguzquiza, quienes, como comisario general de Seguridad Ciudadana y jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) respectivamente, dirigieron el dispositivo de seguridad desplegado el pasado 22 de marzo en las Marchas por la Dignidad en Madrid. Aquella manifestación acabó con graves altercados y 67 agentes heridos. Ahora ambos recibirán una condecoración 'al valor' que lleva aparejada una pensión vitalicia del 10% del sueldo.
Cosidó exculpó a ambos comisarios de cuaqluier responsabilidad en los fallos del 22-M. Ahora les concede sendas condecoraciones 'pensionadas'
De hecho, los sindicatos policiales pidieron entonces su cese, pero el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, los mantuvo en su puesto y sólo relevó a un subordinado de ambos, el inspector jefe Javier Virseda, jefe de una de las UIP. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados un mes después de los graves incidentes, Cosidó había asegurado que la “información reservada” que su departamento abrió tras los sucesos había concluido que el despliegue policial que organizaron los mandos ahora condecorados fue “correcto” y que el número de agentes destinados al mismo, en total 1.679, fue el “idóneo”. De hecho, el máximo responsable de la Policía sólo admitió errores de “coordinación y comunicación” entre los grupos que intervinieron aquel día, de los que hizo único responsable al subordinado de ambos comisarios, pero no a éstos.
Ahora, la concesión de estas medallas ha reactivado el enorme malestar que causó entonces en el seno de la Policía su exculpación. Este lunes por la tarde, poco después de que se conociera que los comisarios Villabona y Ruiz Iguzquiza habían sido condecorados, comenzaron a circular entre agentes de las UIP mensajes en los que se criticaba la decisión de Interior y se hablaba de "humillación", "desprecio" y "vergüenza". Además, fuentes sindicales recalcan que ninguno de los dos “cumple los requisitos necesarios que marca la ley”. Estas distinciones se rigen aún por un decreto franquista de 1964, que detalla que para recibir este reconocimiento ‘pensionado’, los policías que las reciban deben haber resultado "herido en acto de servicio", haber participado "en tres o más servicios" en los que hubiera riesgo de agresión con armas, haber realizado un hecho "abnegado en circunstancias de peligro para su persona" o haber participado en "hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal". Siempre según estas fuentes, ninguno de los dos comisarios cumple dichos requisitos.
Otras medallas con polémica
No es la primera vez que estas condecoraciones se ven rodeadas de polémica. Así, en 2012 también las recibieron dos mandos policiales que participaron en otro despliegue policial que acabó con graves disturbios callejeros. En concreto, los registrados el 25 de septiembre de aquel año frente al Congreso de los Diputados. Entonces, Interior concedió la medalla ‘al valor’ al comisario Alfonso María Sánchez Núñez y al inspector jefe Javier Nogueroles. El primero era el máximo responsable de Seguridad Ciudadana en la Comunidad de Madrid. El segundo, el jefe de una de las UIP que intervinieron en las polémicas cargas.
Todos los años hay polémica con estas medallas. En 2013 fueron las que recibieron los dos mandos que propusieron registrar la sede de Convergència
También el año pasado hubo críticas a algunas de estas medallas. En concreto, a las que recibieron los comisarios principales José Luis Olivera Serrano y Marcelino Martín-Blas Aranda, jefes, respectivamente, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y de la Unidad de Asuntos Internos. El nombre de ambos se había hecho célebre a finales de 2012 cuando trascendió que los dos habían acudido a la Fiscalía de Barcelona para convencer a los encargados del caso Palau de que solicitaran el registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el principal partido de CiU, con el fin de ahondar en las pesquisas sobre la supuesta financiación irregular de la formación de Artur Mas.
Además, este año el número de medallas con distintivo rojo y, por tanto, pensionadas, han registrado un importante aumento respecto a anteriores ejercicios pese a la crisis y los recortes. Así, en 2012, fueron 98. Al año siguiente, subieron hasta las 141, un 43% más. Este año, 176, lo que supone casi el doble que hace dos ejercicios y un 24% más que hace sólo doce meses. Todo un repunte.
