No habrá margen para la negociación: o cumplimiento de los acuerdos firmados sobre equiparación salarial o el recurso a las vías judiciales. Policías y guardias civiles contemplan los tribunales como "una opción viable" para exigir al Gobierno que les pague la cantidad pendiente en los acuerdos de equiparación salarial, tras ver con recelo los incipientes movimientos del Ministerio del Interior para el escenario post-crisis sanitaria.
La equiparación salarial se ha convertido en el gran campo de batalla para sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil de los últimos tiempos. En 2018 pactaron con el Ministerio del Interior el abono de 807 millones de euros en tres pagos para aproximar los salarios de ambos cuerpos con los de otros cuerpos autonómicos; principalmente con los Mossos d'Esquadra, con los que había una mayor brecha. En 2020 se debían abonar 247 millones pendientes, aunque las consecuencias que quedarán tras la pandemia alimentan la inquietud de los agentes.
¿Se cumplirá el pago del tercer tramo de equiparación salarial? Esa es la pregunta que sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han remitido a las respectivas direcciones de los cuerpos. La respuesta, en ambos casos, ha sido la misma: la decisión no les compete a ellos, sino al Ministerio del Interior. Y en ese caso, los agentes analizan con inquietud las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, supeditando el pago pendiente a los acuerdos de reconstrucción que se negociarán tras la actual crisis del coronavirus.
Los próximos pasos
Pero policías y guardias civiles anuncian que no darán un paso atrás en los pactos firmados. Alegan que dispondrán de todos los recursos que tengan a mano para su cumplimiento, incluso las vías judiciales. También recuerdan que los pactos incluían una cláusula que aseguraba la inyección de dinero mediante Real Decreto en el caso de que no se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado.
"El tercer tramo de la equiparación salarial tendría que haberse abonado el 1 de enero, pero ya llegaba con retraso antes de que estallase la crisis sanitaria", detallan fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) consultadas por Vozpópuli. "Sin duda, utilizaremos cualquier herramienta que sea necesaria para que se abonen los 247 millones pendientes de pago".
En un comunicado reciente, el SUP lamentó que la brecha con los Mossos d'Esquadra se haya ampliado tras la firma del acuerdo de equiparación: "Entre otros agravios, se ha anunciado que los futuros presupuestos de la Generalitat de Cataluña contemplen un aumento de unos 300 euros anuales en este ejercicio para los Mossos d’Esquadra y la recuperación de la parte de un complemento salarial que les fue detraído en 2013". Por eso piden a Interior que se impidan "futuras desigualdades salariales", dando el primer paso de la cantidad pendiente.
En una línea similar se manifiestan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): "La asociación ve la viabilidad del recorrido legal en caso de que no se cumplan los acuerdos firmados; recordemos que todo está por escrito y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". Según explican desde AUGC, el pasado viernes manifestaron sus inquietudes por videoconferencia a María Gámez, directora del cuerpo: "Se remitió al Ministerio del Interior para cualquier toma de decisión".
Como conclusión, los agentes recuerdan que durante la actual pandemia han formado parte de la llamada "primera línea" de acción contra el coronavirus: "Es nuestra función y deber, pero quizá refuerza aún más nuestra exigencia de mejorar nuestros salarios para igualarlos a los de otros cuerpos autonómicos y municipales.
