Cinco días de reflexión y un anuncio: "Regeneración democrática". Pedro Sánchez, tras amagar con su dimisión al frente del Ejecutivo, prepara una batería de medidas para cumplir con esta promesa. Ya ha puesto el foco en medios de comunicación y estamentos judiciales; pero Sumar -integrado en el Gobierno de coalición- pone otras propuestas encima de la mesa. La primera, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Ley Mordaza, tras no lograrlo en la anterior legislatura. Un anticipo que genera suspicacias en el seno de la Policía Nacional.
Basta recordar los acontecimientos de la anterior legislatura. PSOE y Sumar coincidían con el resto de partidos que sostenían el Gobierno en su interés por reformar la Ley Mordaza -a pesar de que fue uno de los elementos en los que se basaron las restricciones de movimiento durante la pandemia-. La modificación llegó hasta el Congreso de los Diputados y centró numerosas comisiones de Interior para alcanzar un acuerdo definitivo.
De forma paralela, los sindicatos policiales salvaron sus diferencias habituales para, de forma coordinada, salir a las calles y protestar por la modificación de la ley, al entender que limitaba su capacidad de actuación y que se impulsaba sin haberles trasladado previamente ningún tipo de consulta. El proyecto finalmente se derrumbó; sobre todo, por discrepancias entre aquellos partidos que estaban dispuestos a modificar la ley, como en el uso de las pistolas de goma.
Pero aquello no fue un punto final. Al menos, para Sumar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, aseveró tras la "reflexión" de cinco días de Pedro Sánchez que reformar la Ley Mordaza era un objetivo prioritario para su formación.
"Hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país -asevera Yolanda Díaz-, empezando en primer lugar por la Ley Mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades de este país".
Malestar en la Policía
Las fuentes policiales consultadas por Vozpópuli aseguran que en la anterior legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez quiso dar ese paso pero las exigencias de sus socios frenó la reforma. "Hasta ellos mismos veían que iba a ser ingobernable", remarcan.
Estas fuentes recuerdan que el propio ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska se ha referido en múltiples ocasiones a la normativa como la 'Ley Mordaza'. Una muestra del rechazo que genera la misma en el seno del Gobierno del PSOE.
Sobre este asunto, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional avaló este reglamento a excepción del artículo en el que se mencionaba las grabaciones "no autorizadas" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora se abordará una nueva reforma.
El primero de los puntos que se tratará, según pronostican estas fuentes, será la comunicación previa de las manifestaciones. Para ello, defenderán que se debe adecuar a la jurisprudencia de Europa. Este cambio complicará la labor de los dispositivos de seguridad ya que deben ir "a ciegas" para gestionar los recursos disponibles de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
Una de las modificaciones que más temen los agentes, sobre todo los destinados a Seguridad Ciudadana, es el referente a los cacheos preventivos. Si se cambia será un duro golpe para una de las "herramientas" de las que se dispone para combatir la actividad de las bandas latinas. La incautación de machetes a estos pandilleros es clave para evitar heridos en 'caídas'.
Otro de los aspectos polémicos son los medios utilizados para el control del orden público, con especial relevancia en las pelotas de goma. Un material que los agentes consideran "necesario" por parte de los antidisturbios. Un instrumento que en caso de prohibirse podría repercutir de forma directa con más lesiones entre los agentes y los propios manifestantes ya que los policías solo podrían contar con defensas para combatir los disturbios.
El último de los apartados que podrían ser modificados es el relativo a las identificaciones. Una de las propuestas que se llegaron a estudiar es que estas personas fueran devueltas a los puntos desde donde fueron trasladados. Una medida que supondría un gasto de recursos y mermaría el número de actuaciones por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La reforma de la 'Ley Mordaza' ha sido criticada por los sindicatos policiales. Entre ellos, Jupol que considera que se lleva a cabo "sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas. Una reforma que tenemos claro que hará de España un país más inseguro". "Los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades", lamentaron.
