Sumar ha adelantado en un comunicado que el acuerdo de legislatura suscrito con el PSOE incluye la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza; una iniciativa que ha causado malestar en el seno de la Policía Nacional: "Estamos perdiendo el principio de autoridad", denuncian desde el sindicato Jupol, al mismo tiempo que indican el "aumento exponencial" en los índices de criminalidad del Ministerio del Interior.
Desde el sindicato manifiestan su "sorpresa" por incluir la derogación de esta ley, "una reforma que, gracias a la presión ejercida en las calles y en las instituciones por este sindicato, junto a otras organizaciones sindicales y asociaciones de diferentes cuerpos policiales, se logró parar en la anterior legislatura"
Desde JUPOL, su secretario general, Aarón Rivero ha mostrado su profundo malestar por reavivar “una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas. Una reforma que tenemos claro que hará de España un país más inseguro”.
Rivero ha aseverado que con esta reforma “los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades”. Rivero asegura que esta reforma “sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
“Esta reforma no mejorará el bienestar social, tampoco generará confianza en la seguridad ciudadana y ataca directamente a nuestra convivencia cívica” y añade que la misma “pone en una gravísima situación a los policías y a los ciudadanos, desprotegiéndoles ante los ataques continuos de los violentos que harán de las calles un Estado paralelo, sin límites, donde reinará el caos, la improvisación y el odio a quienes día a día se esfuerzan y sacrifican para crear un modelo ciudadano ejemplar y de referencia a las generaciones más jóvenes”.
Rivero asegura que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana “se produce en un contexto muy negativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante perdida del principio de autoridad”. Una situación que ha añadido “deriva en un incremento de las agresiones a policías, más de 12.000 el año pasado y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España”.
