El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, solicita su reincorporación al PSOE como militante. El ex alto cargo socialista envió el pasado viernes una carta por correo certificado a la Comisión Ejecutiva Federal de la formación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que solicita dejar sin efecto la suspensión cautelar de su militancia, acordada tras estallar el denominado 'caso Koldo'. En la misiva, solicita formalmente recuperar "todos sus derechos políticos como afiliado".
Ábalos argumenta que el expediente interno contra él se abrió el pasado 27 de febrero y que solo unos días después, el uno de marzo, propuso la práctica de una serie de pruebas en su defensa. No obstante, recalca que "desde dicha fecha el expediente ha estado absolutamente paralizado, sin ni siquiera haberse pronunciado el instructor sobre la admisión o inadmisión de la prueba solicitada" y que "a fecha de hoy no se ha emitido pliego de cargos alguno" contra él.
El PSOE apartó a su histórico dirigente después de que Ábalos se negara a renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados y pasara al Grupo Mixto. La formación que lidera Pedro Sánchez le pidió que diera un paso atrás. Explicó entonces el partido en un comunicado que había adoptado esa determinación para depurar la "responsabilidad política" del exministro en los contratos de compra de material sanitario investigados.
"Si bien es cierto que ni en los estatutos ni en el reglamento que los desarrolla se establece un plazo determinado para periodo de prueba a cargo del instructor, así como para la resolución del expediente", expone el exministro, "dicha omisión en caso alguno puede amparar a la organización para mantener sine die un expediente abierto con suspensión cautelar que perjudica gravemente los derechos políticos de un afiliado". Ábalos, que se encuentra a la espera de que el juez decida sobre si envía la causa al Tribunal Supremo para que se le tome declaración como aforado, prosigue indicando que "ante tal laguna se debe acudir de forma supletoria al régimen administrativo común como bien se recoge para otros aspectos referentes al funcionamiento de los partidos políticos (régimen financiero o constitución y/o disolución)". Así, según Ábalos, la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece un plazo máximo de tres meses para la resolución de un expediente, cuando la norma no fije dicho plazo máximo. "Y en todo caso de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea". Abajo la carta íntegra.
Sevilla
El caso es seguir viviendo del cuento.
NormaDin
Pero habrá en algún lugar una ley para las sectas manipuladoras o el reglamento de pufos para locos enamorados, o para los nacionalsocialistas sin fronteras.
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