El debate sobre la implementación del pin parental en los colegios ha terminado en los tribunales. El Gobierno interpuso este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la resolución de la Consejería de Educación sobre el permiso de los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares complementarias (obligatorias y evaluables).
Un día después, la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) se ha querellado contra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un "presunto delito contra los derechos individuales". Además, la organización ha anunciado que se personará en el procedimiento iniciado por la dirigente socialista contra el Gobierno murciano.
Se trata de la misma entidad que llevó al actor Willy Toledo a juicio por insultar a Dios y a la Virgen María a través de las redes sociales. Ahora, el 'lobby' ultraconservador dirigido por la abogada Polonia Castellanos carga contra la titular de Educación.
En un escrito al Alto Tribunal al que ha tenido acceso Vozpópuli, la fundadora de AEAC sostiene que Celaá incumple el artículo 542 del Código Penal, con el agravante de discriminación, y considera que su postura con respecto al llamado PIN parental "viola el artículo 27.3 de la Constitución".
El mencionado artículo señala que "incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes".
"Contra el Convenio Europeo de los DDHH"
Castellanos considera que "ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de actividades que nada tienen que ver con el currículum educativo e impartidas por entidades y personas sin ninguna cualificación profesional, la ciudadanía tiene derecho mostrar su total oposición a estas prácticas".
La Asociación de Abogados Cristianos advierte en su escrito que el artículo 27.3 establece que "los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". "El artículo 16.1 de la carta magna establece el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto y, finalmente, el artículo 39.3 establece el deber de los padres de prestar asistencia en todo a sus hijos", añaden.
Castellanos asegura que se "está actuando en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos" que establece que "el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".
Denuncias contra Arcadi Espada, Femen...
La abogada entiende que el llamado PIN parental -una medida promovida por asociaciones como Hazte Oír y por Vox desde sus orígenes- es "un instrumento válido para hacer valer los derechos de los padres y preservar su patria potestad".
"Es un documento sencillo, pero a la vez jurídicamente fundamentado, que solo pretende recabar de los centros educativos un compromiso: el de suministrar a los padres la información necesaria para que sean estos y no un tercero, los que tomen la decisión que estimen oportuna con respecto a la educación de sus hijos", defiende.
La abogada denunciante asegura que "es la ideología, religión y creencias de aquellos que reclaman la aceptación del PIN, la que lleva a Celaá a impedir el ejercicio de un derecho perfectamente recocido en la Constitución y las leyes". "Este ataque deliberado contra el ejercicio de un derecho fundamental no se daría si no hubiese ese componente de discriminación", insiste Castellanos.
La Asociación tacha de "inadmisible" que la ministra de Educación "asegure que los hijos no pertenecen a los padres o que intente prohibir el Pin parental, algo que debería ser un derecho de todos los padres". Al decir que los hijos no pertenecen a los padres, consideran, " se arroga una autoridad por encima de las de los padres en la educación de los menores que pisotea varios artículos de la carta magna y diversa legislación", advierten.
De esta forma Celaá se convierte en la última denunciada por motivos religiosos de una larga lista de nombres. Castellanos ya ha llevado a los tribunales a Willy Toledo, al colectivo Femen, a varias clínicas abortistas, al periodista Arcadi Espada y a las promotoras de la procesión de procesión de 'El coño insumiso'.
Web, seminarios y manifestaciones
En paralelo a loa denuncia contra Celaá, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha lanzado 'www.tupinparental.es', una plataforma web en defensa de este instrumento -promovido también en los programas de Vox- para que los padres que vean vulnerado su derecho a elegir la educación de sus hijos, puedan denunciar y tomar las medidas legales pertinentes".
A través de este espacio ofrecen un modelo de 'pin parental' para que los padres puedan presentarlo en los centros educativos de los alumnos. La AEAC se define como una organización sin ánimo de lucro formada por abogados, procuradores, juristas, profesores y estudiantes de derecho "que buscamos la promoción de la cultura de la vida, la defensa de la familia y la libertad religiosa". Aseguran ser una entidad apartidista.
Este sábado, la presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, participará en un seminario sobre la protección de la infancia en la Rioja. Lo hará junto a otros invitados como la escritora y diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio.
El acto está promovido por la Asociación Los Niños Son Intocables, una entidad liderada por Salvador Martí, un policía local de Logroño a quien se le conoce por participar en el programa televisivo Gran Hermano. Después, las calles de la ciudad acogerán una manifestación.
