Las acusaciones personadas en la causa en la que se investiga por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, han solicitado al juez que llame a declarar como testigo a Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del 'caso Koldo', la trama que habría pagado comisiones irregulares por contratos de mascarillas en la pandemia. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, las acusaciones que lidera Vox piden al juez Juan Carlos Peinado que se interrogue también al ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo y se practiquen una serie de diligencias que consideran "útiles, pertinentes y necesarias". La lista de testigos solicitados incluye a personas relacionadas con Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Piden que comparezcan David Cierco y Alberto Martínez Lacambra, ex directores generales; Ignacio Espejo Saavedra Hernández, director de la asesoría jurídica, y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía. Sus declaraciones estaban previstas para el pasado junio, pero el juez las suspendió después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía parte de la investigación. Las acusaciones populares completan la lista de posibles testigos con Juan Ignacio Díaz Bidart, exconsejero de Aena y ex director de gabinete de la exministra Reyes Maroto, y Vicente Fenollar Molina, presidente del grupo Avoris.
Además, entre las diligencias solicitan que el médico forense adscrito al juzgado se pronuncie sobre la documentación médica aportada por Juan Carlos Barrabés, así como que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil averigüé las actividades vinculadas y la titularidad real de empresas vinculadas con este investigado.
Las acusaciones piden que se solicite a la Universidad Complutense de Madrid informe sobre las cátedras o másteres distintos a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, del Máster de Transformación Competitiva y del Máster propio en Dirección de Fundraising público y privado sin ánimo de lucro, "en las que participan los patrocinadores y colaboradores que constan en el contrato de patrocinio y las adendas de la precitada cátedra y en los másteres".
Asimismo, trasladan al juez que pida a Indra informe acerca de su participación en proyectos de la Universidad Complutense y en la Cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez.
También solicitan que se recabe la vida laboral de Leticia Lauffer, directora de Wakalua, cuya declaración como testigo está prevista para el próximo lunes.
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RAFA PEREZ
Los que disponemos de algunos conocimientos jurídicos, por haber trabajado muchos años en la aplicación de la ley en ambos lados de la mesa, sabemos que las indecorosas actividades de Begoña Gómez, posiblemente, no tendrán reproche penal. Se diluyen por falta de pruebas contundentes en el dolo específico exigido en estas figuras delictivas. En la mayor parte de los casos se basan en pruebas testificales falseadas o carentes de veracidad. Pero, por ser quien es, no son admisibles en una democracia en la que impere el Estado de derecho (en España, con el actual PSOE, es dudoso que haya estado de derecho). Están en contra de la ética y de la probidad exigible a la mujer de un presidente de Gobierno. Si los ciudadanos no pasan factura por ello, sobre todo los votantes del PSOE, la democracia española dejará mucho que desear. Estaremos ante una fidelidad OVEJUNA incompatible con una democracia.