“FIS1204176003000” es el número que acompaña al nombre de Delcy Eloina Rodríguez Gómez por toda la Unión Europea y que impide a la dirigente venezolana su acceso al territorio Schengen. Es también el número del señalamiento que le saltó a las autoridades españolas cuando tuvieron conocimiento de la llegada de la vicepresidenta de Nicolás Maduro a bordo de un avión privado la semana pasada.
Delcy Rodríguez es una de los 25 altos cargos sobre los que la UE impuso en noviembre de 2017 sanciones por su complicidad con la represión y la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. Vozpópuli ha tenido acceso a los datos de su expediente que recoge la orden expresa de “rechazar la admisión al país” de la mandataria bolivariana.
La prohibición es válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Se trata de una indicación que parte de una autoridad judicial y que se incluye en todas las bases de datos policiales de la Unión Europea. Se basa en el Reglamento SIS II (Sistema de Información de Schengen de segunda generación).
Fuentes policiales consultadas por este periódico aseguran que, pese a esta instrucción, no fue necesario elaborar ningún expediente específico de inadmisión sobre Delcy Rodríguez una vez bajó del avión Falcon con matrícula TC-AKE operado por la compañía Sky Valet. La razón, según estas mismas fuentes, es que ella no manifestó en ningún momento su intención de entrar en España.
¿Es obligatorio?
En caso de que hubiese mostrado su voluntad de acceder, habría sido preciso iniciar un procedimiento en el que el afectado tiene derecho incluso a ser asistido por un abogado. Otras fuentes conocedoras de estas contiendas aeroportuarias alertan que la retención y vigilancia de Delcy Rodríguez en Barajas debería haber sido registrada en un documento policial.
Un expediente que sirve, entre otras cosas, para demostrar ante la justicia que la retención no ha sido arbitraria. Estas fuentes insisten en que, sea voluntario o no, cualquier policía debe registrar los motivos por los que ha decidido retener en una sala del aeropuerto a un pasajero. "En este caso no sólo han sido retenidos, sino que se les ha escoltado durante su tránsito de ocho kilómetros desde la terminal ejecutiva hasta la T4 satélite. Una operativa que debe constar en un expediente", añaden.
Distintas versiones
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha ido confirmando punto por punto la información desvelada por este periódico, tras negarlo durante dos días. Lo ha hecho ofreciendo distintas versiones, algunas contradictorias o parciales. El relato fijado por Moncloa finalmente explica que el ministro salvó una crisis diplomática presuntamente al evitar la entrada en España a Rodríguez.
Sin embargo, el Ejecutivo no ofrece detalles de las gestiones ni dónde radicaba el conflicto. El hecho de que Rodríguez no mostrase su intención de entrar en España pone en cuestión esta versión salvo que la reunión con Ábalos -que inicialmente solo había sido un encuentro fortuito y luego un saludo- hubiese logrado convencer a la mandataria para que no entrase en España.
El acuerdo adoptado por la Unión Europea en 2017 establece que los Estados miembros "adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él". Tal y como desveló Vozpópuli, el avión de Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas pasada la medianoche del domingo al lunes de la semana pasada. Para entonces, el ministro José Luis Ábalos ya se encontraba allí, según dice, esperando a un amigo personal que iba en el mismo avión.
Acompañado por un comisario de la Policía Nacional, Ábalos fue hasta la aeronave. Permaneció en su interior cerca de hora y media, según las fuentes consultadas por este periódico. Tras este encuentro -que fue inicialmente negado por el Ministerio-, la vicepresidenta bajó a una sala VIP y cambió de avión para irse de España, según admitió el propio Ábalos en una entrevista para LaSexta.
Delcy Rodríguez, por tanto, sí que transitó en España para poder llegar a su destino, que era Turquía, y donde le esperaban compromisos internacionales. Fuentes gubernamentales insisten en que no pisó suelo español ni se infringió ninguna normativa europea porque no se le llegó a sellar el pasaporte. Reiteran que permaneció en todo momento en zona internacional.
