La Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) presentará ante la dirección nacional de Policía una petición para aclarar si la trabajadora a sueldo de Podemos encargada de la seguridad de Pablo Iglesias e Irene Montero ejercía su cargo de manera regular. La exescolta de los líderes de Podemos demandó al partido por supuesto despido improcedente, alegando que sus contratantes le hacían peticiones que excedían sus funciones. La ASES, no obstante, cree que hay indicios de “falta grave” en la contratación de la exescolta, cuya responsabilidad podría caer en Iglesias y Montero.
La cuestión es legal y laboral, ha explicado este viernes Andrés López Esteban en una entrevista a la emisora ClickradioTV. La ASES sostiene que, al ver la demanda de la exescolta de Podemos, tiene la sospecha de que se trate de “una posible vulneración de un intrusismo profesional, que sería considerado una falta muy grave por el reglamento de seguridad privada”.
López Esteban ha explicado que para trabajar como escolta hace falta “estar homologado mediante una acreditación administrativa que proporciona el ministerio del Interior después de una prueba”. Y a la vez resultar empleado en una “empresa de seguridad homologada e inscrita en el registro”.
En su demanda, la exescolta de Podemos argumentaba que durante el servicio no pudo disfrutar de las 12 horas de descanso entre jornadas laborales, y tener que realizar trabajos que excedían sus funciones. Concretamente, hacer recados “de manera recurrente” para los líderes del partido o ayudar en el mantenimiento de la vivienda y los vehículos de Iglesias y Montero.
"Es un tema que nos preocupa"
Al visionar la demanda, la ASES manifiesta su “preocupación” al ver que “esta señora demandaba al partido como empresa”, mientras que “debería en cualquier caso remitirse o recurrir a demandar su propia empresa, nunca al cliente”, ha comentado el portavoz de la ASES.
“Es un tema que nos preocupa profundamente ante un supuesto caso de intrusismo profesional y ante esta situación vamos a plantear una consulta a la dirección general de la Policía, concretamente a la unidad central de seguridad privada, para que ahonde en el tema y nos dé respuesta”, ha añadido López Esteban.
La “falta grave” afectaría tanto a la trabajadora como al partido Podemos por haber supuestamente contratado una escolta sin ella estar registrada en el gremio oficial. “La responsabilidad sería de la trabajadora al no estar encuadrada en una empresa de seguridad y, por otro lado, sería una responsabilidad de la persona que ha contratado a la trabajadora. En ambos casos sería considerada falta grave”, ha concluido el portavoz de la ASES.
