Este jueves y viernes, 12 y 13 de septiembre, respectivamente, se celebra en la Asamblea de Madrid el Debate del Estado de la Región. Un pleno que tendrá a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región, como principal valedora para iniciar el curso político en la Comunidad de Madrid.
La líder de los populares abrirá la jornada de hoy con un discurso donde repasará cómo transcurrió el pasado año en la Asamblea, y que no encontrará la réplica de los distintos grupos parlamentarios hasta el viernes a las 10.00 horas. Un debate que, pese a tener un aparente carácter regional, está empañado, más que nunca, por la política nacional.
Se hablará sobre Madrid, por supuesto, pues es una de las autonomías clave en el sostenimiento de la nación, y el Gobierno de Ayuso presentará una batería de medidas para mejorar la vida de sus ciudadanos, pero se tocarán asuntos claves como la ley de amnistía, la financiación de las Comunidades Autónomas y la acuciante crisis migratoria.
Temas, todos ellos, que Ayuso y su equipo llevan analizando los últimos meses, tanto en los plenos de la Asamblea, como en los consejos de Gobierno y actos del Ejecutivo. Entre otras cosas porque afectan de lleno al día a día de los madrileños.
Un discurso, el de Díaz Ayuso, que ella misma explicaba ayer en los micrófonos de EsRadio, con Federico Jiménez Losantos, versará sobre lo que ocurre en todo el país, pues "pretenden separar lo que pasa en Madrid de lo que pasa en España entera, como si no fuera cosa de todos". No obstante, el GPP presentará medidas en áreas como la economía, fiscalidad, familias o maternidad.
Amnistía, financiación e inmigración
La ley de amnistía ha sido uno de los pilares políticos sobre los que Ayuso ha cimentado su oposición a Sánchez. Sin ir más lejos, esta semana presentó el PP en cascada los recursos de inconstitucionalidad por dicha ley en el Tribunal Constitucional. Uno formado por magistrados como Cándido Conde-Pumpido, Carlos Campos y Laura Díez a los que el Gobierno de la CAM también ha recusado.
El asunto de la financiación autonómica también monopolizará muchos minutos del Debate del Estado de la Región, pues toca directamente al bolsillo de la propia Comunidad de Madrid. Ayuso, junto al resto de barones populares, pero siempre yendo un paso por delante, anunció que solo se negociaría asuntos de las autonomías si estas se sentaban todas junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Al no haberse convocado aún la Conferencia de Presidentes, Ayuso, en nombre de su Ejecutivo, interpuso en junio un recurso ante el Tribunal Supremo que ayer mismo confirmó que fue admitido a trámite el pasado 30 de julio. Un asunto donde habrá choque con el PSM que lidera Juan Lobato, y cuya posición cambiante al respecto de la idoneidad o no de este concierto catalán se usará como arma política.
La crisis migratoria que afronta España, y que tiene a las autonomías colapsadas, será otro punto de desencuentro entre el PP y los partidos de la oposición. La Comunidad de Madrid lleva 1.800 menores no acompañados acogidos en estos ocho meses de 2024, con un agujero legal en Barajas por el que han entrado entre julio y agosto 431 menas y un gasto de casi 50 millones de euros en manutención y adecuación de centros de primera acogida.
Otros asuntos, igual de importantes, aunque con menor altavoz mediático, se sacarán a colación en este Debate como el estado de Cercanías en la región, la okupación, la inseguridad ciudadana, la sanidad madrileña y la educación, entre otros.
Por último, los procesos judiciales que afectan a PSOE y PP dentro de la región. El juicio oral abierto contra Noelia Posse, exalcaldesa de Móstoles, por el 'caso ITV'. Las adjudicaciones de contratos a familiares del PSOE por parte del antiguo gabinete socialista de Alcalá de Henares.
Las diligencias abiertas contra Ana Millán, número 3 de Ayuso, y vicepresidenta de la Asamblea, por presuntos delitos de malversación. Y el último, la llamada a declarar de Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Va a estar calentito.
