Casi cuatro meses después de las elecciones generales, España sigue sin Gobierno. Tras un primer intento de investidura, las negociaciones siguen estancadas con la amenaza de tener que celebrar nuevos comicios en noviembre si Pedro Sánchez no reúne antes los apoyos para seguir en La Moncloa. Mientras tanto, el país vive instalado en un bloqueo institucional provocado por una aritmética parlamentaria que con la actual correlación de fuerzas y sus respectivas estrategias hace imposible formar un nuevo Gobierno.
El fin del bipartidismo ya provocó que los españoles tuviesen que acudir a las urnas por segunda vez en menos de un año, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pasara 314 días en funciones. Ahora, la situación amenaza con repetirse tras 112 días con un Ejecutivo cuya gestión se limita al despacho ordinario de los asuntos públicos. Bélgica estuvo sin Gobierno 541 jornadas entre 2010 y 2011.
La hegemonía del populares y socialistas durante las últimas décadas no ha fomentado en absoluto la cultura del pacto entre partidos de distintas ideologías o de los gobiernos de coalición que son habituales en otros países como Alemania. ¿Existen alternativas viables para favorecer la gobernabilidad y evitar el actual bloqueo?
Pedro Sánchez puso sobre la mesa la reforma del artículo 99 de la Constitución para que gobierne el candidato de la fuerza más votada si no hay acuerdo para la investidura como ocurre en los ayuntamientos. Aunque al margen de un complicado apoyo de 210 diputados (dos tercios de la Cámara), la reforma podría chocar con el espíritu de la propia Carta Magna y dejaría en el aire el papel del rey. Además, fuerzas como Unidas Podemos podrían pedir que fuera sometida a referéndum (se necesita una décima parte de los diputados).
Precisamente, con un modelo como el implantado en el País Vasco, donde en la segunda sesión de investidura no se contempla el voto negativo (sólo sí o abstención). Los populares, por su parte, han propuesto otorgar una prima de 50 escaños al partido más votado. Para ello no haría falta acometer una reforma constitucional, sino sólo de la Ley Electoral (LOREG) que requiere mayoría absoluta. La Carta Magna contempla ya una horquilla de entre 300 y 400 miembros del Congreso. Aunque el modelo inspirado al que está vigente en Grecia también podría entrar en conflicto con el espíritu proporcional y representativo que la Constitución contempla para la Cámara Baja.
