El Supremo ha recibido formalmente el escrito de la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs en el que rechaza comparecer por la supuesta adjudicación a dedo de varios contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y en el que abre la puerta a la petición de un suplicatorio contra ella.
"No necesito acudir personalmente a este juzgado, pues ya estoy completamente informada" de las actuaciones, indica la portavoz parlamentaria de JxCat en su escrito, en el que critica que su causa se difundiese "masivamente".
Borràs, que está aforada ante el Supremo por ser diputada, estaba citada este viernes a las 11.00 horas para tomarle declaración "voluntaria", si "a su derecho conviene", e informarle de las diligencias abiertas contra ella por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.
Sin embargo, a las 21.30 horas de este jueves la diputada informó vía Twitter de que no acudiría al Alto Tribunal porque eso "implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año" denuncia de una causa que, dijo, "ha vulnerado" sus derechos "desde el primer día".
Fuentes jurídicas han informado de que el Supremo ya ha recibido el escrito de la portavoz de JxCat en el Congreso, que se ha personado en la causa.
El total adjudicado ascendió presuntamente a 259.863 euros
En su escrito, Borràs entiende que su citación "supondría duplicar actuaciones innecesariamente" y recuerda que el artículo 71.2 de la Constitución establece que los diputados "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva".
El paso siguiente sería pedir un suplicatorio a la Cámara, como ya instó el fiscal en el escrito en el que apoyaba abrir causa contra ella por la presunta adjudicación irregular de contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo, desde ILC entre 2013 y 2017. El total adjudicado ascendió presuntamente a 259.863 euros.
De solicitar el suplicatorio, según el Reglamento del Congreso, éste sería recibido por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y, previo acuerdo de la Mesa, se remitiría a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que debería concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta días, tras la audiencia del interesado.
Concluido el trabajo de la comisión, la cuestión sería sometida a pleno y, en un plazo de ocho días, la presidenta del Congreso daría traslado del acuerdo a la autoridad judicial. El plazo máximo de estos trámites serían dos meses.
