La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado este viernes que al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, contra el que el expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una demanda civil en Bélgica, debe ampararle el poder judicial y no el Ejecutivo.

Sin embargo, ha señalado que, en este caso concreto, el Gobierno lo que sí va a hacer llegado el caso, cuando la demanda sea admitida, será "defender la soberanía jurisdiccional de España". Es decir, indicarle a la justicia belga "que no se puede inmiscuir en procedimientos" del espacio propio español, "que debe ser inmune".

Así se ha expresado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ratificando el anuncio hecho el jueves por el Ministerio de Justicia, que estudia contratar un bufete privado en Bélgica que defienda la "competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española" en la causa del 'procés' frente a la demanda civil presentada contra Llarena por Puigdemont. Pero "en ningún caso" Justicia asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo "por los actos privados que se le atribuyen", han precisado fuentes del departamento.

Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros se refieran en su demanda a las manifestaciones que Llarena habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero.

Según los ex miembros del Gobierno catalán, Llarena habría mostrado en sus comentarios una falta de imparcialidad que le inhabilita para investigarles, al rechazar en unas declaraciones que en España hubiera presos políticos. Por ello solicitan ser indemnizados por el magistrado con una cantidad simbólica de un euro.